La Junta aboga por la continuidad de la Reserva Regional de Caza pese a la «complicada situación»

El Ayuntamiento de Barbadillo de Herreros inició hace unos días los trámites para propiciar su salida de la Reserva Regional de Caza Sierra de la Demanda, una decisión en la que podrían seguirle otras localidades que no comparten ni el fin de este espacio ni la cada vez menos repercusión económica para sus municipios. Ante esta situación, desde la Junta de Castilla y León, administración que gestiona esta reserva, reconoce la «complicada situación actual» pero mantienen la necesidad de su existencia y abogan por su continuidad «como instrumento de desarrollo socieconómico de los pueblos que la albergan a través del fomento y aprovechamiento de la caza». 

La realidad es que existe descontento generalizado entre aquellos que la integran, por ello, respecto a si peligra su viabilidad en el supuesto de que se sucedieran las solicitudes de segregación de terrenos de varios municipios, el director de esta reserva, Francisco Javier Sánchez Diego, reconoce que se podría llegar a la extinción de este espacio «siempre y cuando no se alcance la superficie mínima de 25.000 hectáreas». No obstante, señala que en el último procedimiento de este tipo, abierto, se llevó a cabo la ampliación de la superficie de la reserva regional a partir de la solicitud de una entidad propietaria de la incorporación de un monte de utilidad pública en 2010. En  la actualidad suma 74.509 hectáreas, siendo la tercera mayor reserva de caza en extensión en la comunidad, por detrás de Sierra de Urbión (115.895 hectáreas) y Riaño (77.800 hectáreas). 

Es cierto, según recoge su director, que el fin con el que se creó esta reserva, el incremento de la riqueza cinegética de esos terrenos y los colindantes, está cumplido, pero reconoce que «existen otras características o funciones inherentes a la reserva como la vertebración territorial, la proyección nacional e internacional de la Red de Reservas Regionales de Castilla y León, o la gestión cinegética diferenciada y de calidad que continúan hoy plenamente vigentes».

Respecto a los motivos que llevan a la administración regional a mantener este espacio de caza, desde la dirección de la reserva recurren al contenido de la Ley 4/2021 de Caza y Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos, donde se recoge que estos «son terrenos cinegéticos con valores extraordinarios y excepcionales posibilidades venatorias, donde el fomento y aprovechamiento de la caza contribuye al desarrollo socioeconómico de los municipios que la forman». Además, asegura, es un elemento de vertebración territorial, que permite proyectar al exterior éste y otros valores en su conjunto de manera mucho más potente que de forma individualizada. Afirman también que el manejo conjunto del territorio conjugando la gestión forestal, cinegética, y de otros usos y aprovechamiento, «permite optimizar inversiones y generar sinergias mucho mayores que la gestión independiente de cada uno de ellos». Esta ley igualmente reconoce a las reservas como un modelo de éxito que ha permitido la recuperación de especies prácticamente extintas. 

Falta de celadores. Por otro lado, desde el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos se ha puesto en conocimiento de la Consejería las carencias de personal de campo, que motivan los principales problemas de los que deriva el malestar de algunos ayuntamientos. «La dotación de celadores de medio ambiente, principalmente, se ha visto severamente reducida en el último quinquenio hasta llegar a una complicada situación actual que impide elaborar planes de caza más ambicioso y que puedan satisfacer los objetivos económicos de las entidades propietarias», reconoce Francisco Javier Sánchez Diego. En estos planes, por el problema anterior, se han visto obligados a «priorizar el mantenimiento de poblaciones de ungulados en densidades medias a través de una caza de gestión y selectiva que a la tradicional cosecha de trofeos con mayores réditos económicos para las entidades propietarias».

La Reserva regional de Caza Sierra de la Demanda se creó en el año 1973, dentro de un programa nacional de protección y conservación de su fauna más selecta con la doble finalidad de asegurar la pervivencia de nuestras especies más emblemáticas y la utilización racional de la riqueza cinegética proporcionando de esta manera la máxima satisfacción, social, económica y recreativa a los pueblos y habitantes de las zonas afectadas. «La normativa cinegética desarrollada desde su creación siempre ha apostado por el mantenimiento y potenciación de este tipo de terrenos cinegéticos», concluye. 



Fuente original: www.diariodeburgos.es