El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha dictado una resolución en la que acuerda la adopción de medidas cautelares a favor de Alejandro García, alumno con discapacidad visual del IES Vela Zanetti, de Aranda. En su auto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede en Valladolid, ordena que implanten de forma inmediata las medidas de atención educativa específicas que se recogían en el informe psicopedagógico que se le realizó al estudiante.
El Tribunal establece, además, que la administración deberá justificar cualquier retraso en la puesta en marcha de estas medidas, y exige que se restituya el suministro de las gotas oculares que el alumno necesita y que se le habían dejado de aplicar en los últimos meses.
La familia de Alejandro acudió a la justicia tras denunciar la falta de apoyos adecuados para su hijo, que cursa bachillerato en el instituto arandino y perdió la visión a muy corta edad. Pese a los informes técnicos que avalaban la necesidad de medidas específicas, como la adaptación del currículo, apoyo educativo personalizado, acceso a materiales y acompañamiento de un profesional especializado, estas no se habían aplicado de forma efectiva en el centro.
«Durante meses, mi hijo ha estado sin los recursos que necesita para poder seguir las clases en igualdad de condiciones. No pedimos privilegios, pedimos lo que marca la ley», señala Beatriz Gómez, madre del joven. «Esta resolución es un paso importante para que Alejandro pueda volver a clase con garantías», añade.
Esta falta de medidas inclusivas había provocado una situación insostenible para el alumno y su familia. En varias ocasiones, Alejandro asistía a clase sin contar con material adaptado, sin apoyo específico y sin una planificación individualizada, a pesar de que todos estos recursos estaban recogidos en los informes técnicos.
Además, esta situación se había agravado en las últimas semanas cuando, tras una revisión, al alumno le diagnosticaron una úlcera en el ojo, que derivó en una baja médica. Debido a esta situación, el joven ha estado un tiempo sin asistir a clase, razón por la que su familia solicitó la atención educativa domiciliaria, algo que según cuenta Beatriz se les denegó.
«Ha vuelto a clase, pero aún no se ha puesto en marcha ningún apoyo. Esperamos que con esta resolución se agilice todo», comenta la madre. Beatriz explica que la resolución se les comunicó el día 24 de abril y que de momento desconocen en qué situación está el proceso. Asegura no haber recibido ninguna comunicación del centro para indicarles cómo se llevará a cabo la implantación de las medidas que han solicitado.
«Todo esto lo hemos hecho porque creemos en la educación pública, pero también pensamos que tiene que ser realmente inclusiva», destaca Beatriz, quien tiene muy claro que mantendrá su confianza en este sistema para que su hijo pueda acceder a la universidad.
Fuente original: www.diariodeburgos.es