La merma anual en casi un millón de euros que el Presupuesto del Ayuntamiento del Valle de Tobalina lleva sufriendo desde 2019 por la caída de ingresos tras el cierre de Garoña y la forma en que ha afrontado ese importante cambio económico sobrevuela o protagoniza la práctica totalidad de los plenos municipales. En el último volvió a reinar en buena parte del debate, aunque si hubo cierto acuerdo -la oposición se abstuvo- a la hora de aprobar el rescate de la ordenanza que grabará a las eléctricas por la ocupación del suelo con sus tendidos. No obstante, el nuevo texto adaptado a la jurisprudencia que el Tribunal Supremo dictó en 2024, ya no rentará los 289.000 euros que se esperaban con el aprobado en 2020 y al que en su día renunció el grupo de gobierno tras los recursos que Red Eléctrica Española ganó en los tribunales.
El Supremo obliga ahora a diferenciar entre el uso privativo del suelo público que se hace con torres, postes o transformadores y el aprovechamiento especial que se aplicará a los tendidos, dado que bajo los cables si se puede utilizar el terreno. Esta nueva versión no está siendo recurrida en los tribunales, según la secretaria, quien explicó que ahora ha de actualizarse el inventario de redes eléctricas que se confeccionó en su día tras la instalación de los nuevos tendidos de alta tensión que traerán la electricidad de los parques fotovoltaicos construidos por Solaria en la Bureba hasta la subestación transformadora de Garoña. La interventora no se atrevió a avanzar qué cantidad de dinero se recaudará, por lo que la oposición criticó que se llevara la ordenanza al pleno sin actualizar antes el inventario.
La ordenanza de actividades urbanísticas y de medio ambiente también fue modificada solo con los votos del grupo de gobierno de PSOE y PP. Los informes urbanísticas que venían cobrándose a 6 euros desde 2008 pasarán a costar 30 para las obras menores y 60, para las mayores. La documentación necesaria para desarrollar una modificación urbanística o una unidad de actuación, que antes era gratuita pasará a costar 500 euros y también se encarecerán los informes urbanísticos de los 18 euros actuales a 30 ó 60, según precisen o no de la visita de un técnico. No obstante, se bonificarán al 90% las obras de eliminación de barreras arquitectónicas y al 50% las que reduzcan el consumo energético.
En este punto, el portavoz de Vivir en Tobalina fue muy crítico por «trasladar el esfuerzo a los vecinos cuando una Administración responsable ha de empezar por exigirse esfuerzos a si misma» y volvió a pedir un «debate global y serio de las cuentas municipales y de su situación económica» con el fin de analizar otros cambios en el funcionamiento del Ayuntamiento más allá de las subidas de las ordenanzas que vienen sucediéndose.
El supuesto cobro indebido de dietas que la oposición llevó al Tribunal de Cuentas también afloró en las preguntas del pleno. Desde VT solicitaron las alegaciones al escrito del Tribunal de Cuentas emitido en enero y los informes relativos a este asunto. Pero el alcalde, Jesús Ángel López de Mendoza, afirmó que no se ha presentado ninguna alegación ni se ha confeccionado ningún informe municipal. «No hemos presentado alegaciones a que haya una investigación porque no tenemos nada que esconder», dijo el regidor.
Un respiro en las cuentas
Dos convenios que acaba de firmar el Ayuntamiento tobalinés con la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) han dado un respiro a las cuentas municipales. A preguntas de la oposición, el alcalde afirmó que uno de ellos procurará 474.000 euros para gastos corrientes y otro, 154.000, para adquirir el mobiliario y equipamiento que estrenará la residencia de mayores. Hace tres años, Enresa exigía dedicar a inversiones generadoras de empleo esta compensación por la pérdida de las licencias de obras del desmantelamiento de Garoña, pero el grupo de gobierno ha logrado que se pueda dedicar a mantener servicios municipales, el principal caballo de batalla municipal.
Fuente original: www.diariodeburgos.es