Un despido rodeado de Guardia Civil en un pueblo de Burgos

Poco habitual pero no inusual resulta ver a la Guardia Civil en un ayuntamiento. Un pleno tenso, unas expropiaciones polémicas, algún vecino agresivo o el enfrentamiento entre concejales, a veces incluso del mismo signo, motivan la presencia de la Benemérita.Pero hasta ahora no había trascendido ningún caso en el que los agentes fueran requeridos para comunicar el fin de una relación laboral.No una, sino dos patrullas se personaron el lunes por la mañana en la Casa Consistorial de Sasamón para escoltar al alcalde, que llegó con el decreto y el documento de finiquito de una trabajadora municipal, pero no con la notificación electrónica, que se produjo a posteriori tras pedírsela al secretario.

El delegado del personal laboral en ese Ayuntamiento, representante de Comisiones Obreras, ha registrado un escrito en la Subdelegación del Gobierno en Burgos en el que solicita que se abra una investigación sobre la actuación delInstituto Armado.

Según la versión reflejada en esa solicitud, «uno de los agentes de la Guardia Civil conminó a la trabajadora a recepcionar de inmediato la notificación», lo que esta no hizo, además de acusar al alcalde de mantener «una actitud de abierta provocación hacia este delegado, llegando a afirmar que estaba hasta los cojones de su chulería (sic)», explica el delegado sindical.

«La presencia simultánea de cuatro agentes de la Guardia Civil en las oficinas municipales, uno de ellos con una equipación ostensiblemente coercitiva, para una actuación cuyo objeto aparente era la comunicación de una resolución de despido, plantea interrogantes sobre la finalidad, necesidad y proporcionalidad del dispositivo desplegado», afirma en su denuncia, para recalcar que se trata de un momento de «especial vulnerabilidad» para la trabajadora.

«La negativa de una persona a recibir materialmente una notificación no autoriza, por sí sola, a emplear coacción para obtener su aceptación física», subraya para aclarar que no prejuzga la acción del agente, pero sí considera necesario determinar «el contenido y alcance» de la misma y si «esta se mantuvo dentro de los límites de sus funciones legales», pregunta.

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