«Creemos que quieren cuadrar el presupuesto por la vía de los mas débiles», es la conclusión del diputado socialista Ignacio Grajal en referencia a la situación que están viviendo para abordar asuntos relacionados con la prestación de servicios sociales de la Diputación.
El grupo estima que en este momento se atiende en el global de la provincia a 1.700 usuarios en toda la provincia, «aunque estiman que la lista de espera alcanzaría a 100 personas, que aún cumpliendo los requisitos para acceder al servicio no se les está dando la ayuda requerida», apunta el diputado socialista Ignacio Grajal. «Hemos pedido los datos pero no hemos tenido respuesta por lo que cifra es aproximada», añade Grijalba.
Según los datos del grupo provincial socialista la «congelación del servicio» afecta a las nuevas demandas. Se siguen atendiendo a las peticiones urgentes y a las ampliaciones de horas. Pero Grijalba incide en que esta paralización trae como consecuencia otras encadenadas. Por un lado influye en la permanencia de las personas mayores en las localidades de la provincia. Y por otro en la plantilla que cubre el servicio, unas 400 personas, que ven reducidas las horas las jornadas al no darse de alta un mayor número de servicios.
Según la portavoz del grupo Nuria Barrio, en este momento el importe del contrato está prevista 14.408.000 euros pero la realidad es que en el presupuesto de 2024 la aportación asignada es de 6.416.000 euros. «Quiere decir que con la partida es insuficiente para las demanda. Sí lo es, si atiendes a menos usuarios. Y puede tener lógica esta reducción al no estar dado de alta a nuevos usuarios, debido a que la partida asignada no llega», explica la portavoz del grupo socialista en Diputación Nuria Barrio.
Por su parte el diputado socialista Javier Grijalba añadió que en este momento el contrato está en tramites de renovación. Con una duración estimada de dos años, contemplándose asimismo la posibilidad de ser prorrogado por un año más.
La nueva empresa adjudicataria debería asumir la prestación del servicio el uno de septiembre de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2027.El contrato del servicio de ayuda a domicilio es uno de los de mayor cuantía de los que gestiona la Diputación. Sin embargo, el grupo municipal ha considera que en este momento el órgano provincial está «infrafinanciada» debido a que la Junta de Castilla y León no está aportando la subvención prevista por Ley para este tipo de servicios.
Desde el Psoe denuncian que, que según lo establecido en La Ley de Dependencia, la Junta de Castilla y León debe cubrir el 90 por ciento del gasto en este tipo de servicio que se ofrecen desde las diferentes diputaciones. Sin embargo, en el caso de la Burgos no se cubre. «Tan sólo llega el 84 por ciento, es decir que la diputación pone un 16 por ciento »
Las zonas de mayor demanda de servicio a domicilio se sitúan ene l sur de la provincia. Una demanda que se tramita a través de los CEAS, que en el caso de la provincia son de Burgos son 20.
Fuente original: www.elcorreodeburgos.com