El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero ha presentado un manifiesto en el que reclama a la Junta de Castilla y León la recuperación de la licencia ambiental ordinaria para todas las explotaciones ganaderas intensivas que pretendan instalarse dentro del territorio amparado por la denominación, con independencia de su tamaño. La entidad considera que la actual normativa, que permite autorizar determinadas explotaciones mediante una simple comunicación ambiental, deja sin capacidad de actuación a los ayuntamientos y dificulta una adecuada ordenación del territorio.
Además de recuperar la licencia ambiental, el manifiesto propone establecer distancias mínimas, sustentadas en criterios técnicos y científicos, entre las explotaciones ganaderas intensivas, las plantas de biogás, los viñedos, las bodegas y las instalaciones vinculadas al enoturismo. También reclama la revisión del decreto de 2020 que introdujo la comunicación ambiental como vía de autorización para determinadas granjas, dotar a los ayuntamientos de instrumentos legales que les permitan ordenar su territorio con seguridad jurídica y crear un órgano permanente de coordinación entre la Junta, el Consejo Regulador, las organizaciones agrarias y los municipios para hacer un seguimiento conjunto de la planificación territorial.
Desde el Consejo Regulador insistieron en que la iniciativa no pretende enfrentar al sector ganadero con el vitivinícola, sino garantizar la convivencia de ambas actividades mediante una regulación que aporte seguridad jurídica. Sus responsables defendieron que la Ribera del Duero constituye uno de los principales motores económicos de Castilla y León, con un impacto superior a los 1.300 millones de euros y más de 20.000 empleos vinculados al vino, por lo que consideran necesario proteger un modelo de desarrollo basado en la calidad, el enoturismo y la fijación de población en el medio rural.
Fuente original: www.diariodeburgos.es