Los agricultores de Albillos llevan meses denunciando el proyecto que llenará buena parte de sus fincas más fértiles de 56.000 placas solares. Sus quejas a través de Diario de Burgos llegaron ayer hasta la Diputación, cuyo Pleno aprobó parte de una moción presentada por el PSOE para reclamar un marco regulatorio que evite la instalación de este tipo de complejos de energías renovables en terrenos propicios para la agricultura. «Estamos pendientes de una ordenación del territorio que es necesaria, tanto por las comunidades como por el Estado», reconoció Borja Suárez.
El presidente de la Diputación recordó que iniciativas como la implantación de una planta de amoniaco verde en Melgar vendrá acompañada de la construcción de una veintena de parques eólicos en la comarca Odra-Pisuerga. «Apostamos decididamente por este proyecto. Los aerogeneradores asociados no van a servir para vender la energía, sino para crear 110 puestos de trabajo, que es el verdadero futuro», defendió Suárez. Por otro lado, se mostró firmemente en contra de otras iniciativas que no generan empleo más allá de los asociados a su mantenimiento. «Ahí sí que nos negamos», admitió en referencia a la cascada de peticiones que se han cursado en la zona de Merindades.
Ignacio Grajal, que defendió la propuesta socialista, reclamó un debate «en profundidad» sobre la transición energética y lamentó los cantos de sirena que proceden de las promotoras y que inflan el precio a pagar por la renta del suelo para obtenerlo. «No nos gustan los decretos que simplifican las declaraciones de impacto ambiental», lamentó. La diputada de Sentir Aranda se mostró a favor de la misma, mientras que Vox se abstuvo al no llegar a un acuerdo sobre los términos exactos de la redacción de la propuesta. El debate se prolongó durante más de una hora.
En relación al planteamiento que trajo este último grupo al Pleno, relativo a la extensión de la banda ancha dentro del programa Único 2021, PP, PSOE y Sentir Aranda apoyaron de forma unánime la propuesta.
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