Villarcayo sube un 7,8% las basuras y vincula la tasa al consumo de agua

El Ayuntamiento de Villarcayo será el primero de la comarca en adaptar la ordenanza reguladora de la tasa por recogida de basura a la Ley 7/2022 y a la disposición de la Unión Europea que propugna que «quien contamina paga». El pleno aprobó este jueves solo con los votos en contra de Iniciativa Merindades Vía Burgalesa y el apoyo de PP, PSOE e Independientes por Villarcayo una subida del 7,8% de la tasa para equilibrar ingresos y gastos del servicio, como marca la ley, a pesar de que en 2024 ya se incrementó un 35%. Pero también incluirá otro notable cambio. Se comenzará a cobrar una cuota fija, equivalente al 70% de la tasa, mientras que el 30% restante crecerá o disminuirá en base al consumo de agua.

El alcalde, Adrián Serna, justificó que «no se pueden medir de ningún modo las toneladas de basura que genera una familia» y de ahí la vinculación de la parte variable de la tasa al consumo de agua. El regidor explicó que si se hubiese cobrado la tasa de basura en función del número de personas empadronadas en la misma vivienda, en las segundas residencias donde no consta ningún empadronado, la parte variable hubiese sido siempre «cero». «Un vínculo real solo lo podíamos crear con el consumo del agua», insistió Serna.

Mientras, el portavoz de IM-VA, Enrique Santamaría, calificó de «inaplicable» el mandato de que quien más contamina, más paga, y puso en duda que quien más agua consuma, obligatoriamente genere más basura. Recordó que un 10% de las viviendas del municipio se ubican en pueblos que gestionan su servicio de agua y habrá que contar con las juntas vecinales para conocer los consumos. También lamentó que las segundas residencias pagarán menos con este sistema, al estar ocupadas menos días y gastar menos agua, mientras obligan a mantener «un servicio sobredimensionado para atender 10.000 personas» cuando los empadronados apenas superan los 4.000.

Santamaría insistió en que las diferentes cuotas que ya se aplican a viviendas y lonjas sin actividad; despachos y peluquerías; hostales; bares y restaurantes; supermercados; o industrias de alimentación ya discriminan a quién más contamina. Con la nueva tasa, la parte fija será menor que la actual, pero la variable hará crecer el recibo o no, en función del consumo de agua. Las viviendas que pagaban solo un fijo de 11,11 euros al trimestre ahora abonarán un fijo de 8,39 más el variable. En el otro extremo, los supermercados de más de 300 m2, con un fijo trimestral de 431 euros, pasarán a 325 más el variable.

El informe municipal que justifica la subida cuantifica en 410.064 euros el gasto anual del servicio, en el que se incluye, como marca la norma, la amortización de los dos camiones eléctricos nuevos, con 132.107 euros anuales, a pesar de que el 85% de su coste lo ha sufragado Europa, por tratarse de fondos públicos. Antes, Serna explicó que se gastaban 150.000 euros al año en averías de los viejos camiones. En la parte de ingresos se cuentan 380.285 euros. La subida pretende recaudar los 30.000 euros de diferencia entre ingresos y gastos.

En la sesión de este jueves, la edil socialista Rosario Martínez, también rogó «evaluar el carril bici en su totalidad y modificar o anular preventivamente los tramos que no garanticen las condiciones suficientes de seguridad hasta que quede acreditada». La concejala citó la peligrosidad de tres tramos en el entorno de la bolera y junto al campo de fútbol, entre la Casa de Cultura y la estación de Horna y en la calle Laín Calvo donde atraviesa las entradas y salidas de tres calles y discurre junto a aparcamientos a ambos lados. Ante ello, el alcalde contestó que esos tramos mejorarán porque está previsto peatonalizar el tramo de la bolera a las piscinas municipales con pivotes automáticos que solo permitan el acceso a vecinos de la zona y dejar la calle Laín Calvo de una sola dirección ascendente. «Se hará en cuanto lleguen las señales», zanjó.