Los desahucios ejecutados en Aranda de Duero se desploman en el último lustro

Los lanzamientos judiciales en el partido de Aranda de Duero han caído un 76% en los últimos cinco años: de 33 en 2021 a ocho en 2025. Fuentes jurídicas atribuyen el descenso a las sucesivas prórrogas del escudo social, aprobado mediante el Real Decreto-ley 11/2020 durante las primeras semanas de la pandemia. Según explican, esta protección permitía suspender determinados desalojos de hogares vulnerables sin alternativa habitacional, tras valorar su situación con la intervención de un informe de los servicios sociales.

El principal freno a los desalojos ha recaído en la aplicación de los criterios de vulnerabilidad previstos en el escudo social. Para valorar cada caso se tienen en cuenta circunstancias económicas, familiares y habitacionales, que los servicios sociales examinan y concluyen en un informe. En el momento que se acredita esta desprotección y se cumplen los requisitos legales, el juez puede acordar la suspensión del lanzamiento.

Susana Cuadra, abogada, advierte sin embargo que los datos revelan tan solo los lanzamientos que se llegaron a ejecutar, es decir, la cantidad de veces que se logró que las personas que estaban de manera ilegal en una vivienda salieran de la misa. Sin embargo, apunta a que eso «no significa que se haya frenado los procesos de desahucio», ya que la mayoría de estos siguen en marcha como procedimientos legales.

De este modo, un desahucio puede contar con una resolución judicial favorable y quedar paralizado si se acredita la vulnerabilidad de los ocupantes y no existe posibilidad de hallar una alternativa habitacional. La estadística recoge únicamente los desalojos ejecutados, no el número total de procedimientos iniciados ni los que quedan suspendidos a la espera de una alternativa habitacional.

La evolución de las ejecuciones hipotecarias ofrece otro elemento para entender la caída. En el partido judicial de Aranda pasaron de diez lanzamientos en 2021 a uno en 2025. Los procedimientos vinculados a la Ley de Arrendamientos Urbanos también descendieron, de 22 a seis, aunque continúan representando la mayoría de los lanzamientos practicados.

Ante la expectativa. Más allá de las cuestiones que expone Susana, otros letrados del sector exponen que la estadística podrá aumentar de cara al año que viene, cuando se publiquen los datos de 2026. «Desde febrero de este año, hasta la actualidad, quitando los dos días que ha estado en vigor el último Decreto-ley, se han producido varios lanzamientos judiciales», detallan.

La previsión parte del periodo en el que se derogó la prórroga del escudo social y determinados procedimientos dejaron de contar con la cobertura que permitía suspender los lanzamientos por vulnerabilidad. La reactivación de esos expedientes podría elevar el número de desalojos practicados durante 2026, aunque habrá que esperar a que el CGPJ publique el balance anual para conocer su impacto.

La incertidumbre normativa, señalan, puede haber alterado el ritmo habitual de los procedimientos. Mientras la protección frente a los lanzamientos de hogares vulnerables estuvo en vigor, muchos expedientes quedaban a la espera de la alternativa habitacional. Con su interrupción, algunos de esos procesos pudieron reactivarse y terminar en desalojo.

Por ello, los profesionales del sector consideran que el balance de 2026 servirá para comprobar si la caída registrada en Aranda responde a una tendencia estable o, en parte, a la suspensión temporal de lanzamientos.