La Audiencia Provincial dictó ayer ‘in voce’ una sentencia de conformidad que condena por un delito de falsedad documental al antiguo secretario de Villalba de Losa, Daniel Jesús Fernández, a 18 meses de prisión y un año de inhabilitación para empleo o cargo público, así como a una multa de tres meses a razón de 6 euros diarios. El funcionario ya jubilado, que ejerció desde 1983 hasta 2025 como secretario de la agrupación de municipios que forman Villalba, San Zadornil y Berberana, no entrará en prisión, al quedar suspendida la pena por ser menor de 2 años, carecer de antecedentes penales y haber adquirido el compromiso de no delinquir por hechos de la misma naturaleza en el plazo de dos años.
La acusación particular que ejercía el alcalde de Villalba de Losa, José Losa Orive, y la Fiscalía alcanzaron un acuerdo con la defensa del funcionario jubilado en la comparecencia preliminar celebrada en la Audiencia Provincial, con lo que no será necesaria la celebración de un juicio para dirimir las responsabilidades penales admitidas por el antiguo secretario.
La sentencia dictamina que «actuando en su condición de secretario e interventor de la Agrupación de Municipios que conforman los ayuntamientos de Villalba de Losa, San Zadornil y Berberana, a sabiendas de su falsedad, utilizó las claves del certificado digital del señor Losa -las cuales se le habían facilitado en un marco de absoluta confianza- para suscribir el visto bueno del alcalde a las contestaciones a todos y cada uno de los requerimientos que el Tribunal de Cuentas dirigía al Ayuntamiento».
La realidad es que mientras el Tribunal de Cuentas (TCu) pedía todo tipo de documentos al Consistorio de Villalba de Losa por el cobro indebido por parte del secretario de un salario el triple más alto de lo que le correspondía, éste contestaba al TCu «sin que el alcalde tuviera conocimiento ni diera su consentimiento». El alcalde supo del proceso que seguía el TCu en junio de 2023 cuando se le notificó de manera personal mediante un correo certificado que llegó a su domicilio.
La acusación admite que el alcalde de Villalba, al igual que los de San Zadornil y Berberana, le facilitaron al funcionario las claves de su certificado digital y su firma para facilitar todos los trámites administrativos de sus ayuntamientos, que hoy día se realizan de manera digital. Pero la defensa admite que hubo importantes documentos en los que se dio el visto bueno digital del alcalde, sin que éste tuviera ni el más mínimo conocimiento.
El TCu condenó hace un año al exsecretario a devolver 155.397 euros por lo cobrado de más en 2019, 2020 y 2021. Estos son los años que no habían prescrito cuando fue denunciado en 2022 por la junta vecinal de Valpuesta, pedanía de Berberana, que observó los abultados salarios que cobraba. Con solo estudios de Bachillerato y sin ser habilitado nacional su nómina era del triple de lo que le correspondía, según el TCu, que le hace responsable por ser el secretario interventor y quien confeccionaba sus nóminas. No obstante, esta sentencia fue recurrida por el funcionario que está a la espera de respuesta de la Sala de Justicia del TCu.
Al mismo tiempo, este tribunal tramita una segunda denuncia que el Ayuntamiento de Villalba de Losa ha dejado en manos de la Fiscalía, y en la que exige que el funcionario devuelva lo cobrado de más entre 2022 y 2023, hasta que se destapó la investigación judicial y se adaptó su nómina a la legalidad.
firma en un acta. En la denuncia en el ámbito penal por falsedad documental se ha retirado la parte en la que se acusaba a Fernández Tobar de firmar en nombre del alcalde un acta de una asamblea (pleno)de la agrupación de ayuntamientos de 2021, en la que se modificaron los porcentajes de dedicación a cada municipio con la idea de que cuadraran sus ingresos. Esta acusación no se sustentaba en una prueba caligráfica. Pero el regidor de Villalba insiste en que él nunca firmó ese acta y desconocía la celebración de esa reunión.
Fuente original: www.diariodeburgos.es