La dimisión de la concejala María Gómez, número 3 en la lista del alcalde de Hontoria del Pinar, ha puesto al descubierto la crisis que desde hace meses se viene gestando en el equipo de gobierno del PP tras polémicas como la no apertura de las piscinas municipales, al no realizar las obras a tiempo, y la organización de las fiestas.
María Gómez asegura que se va por los «frecuentes desacuerdos» con la gestión de Miguel Álvarez de Eulate y no «por motivos personales», como el Ayuntamiento publicó ayer en el canal informativo de Telegram.La siguiente en la candidatura del PP, Bárbara Fernández, ha manifestado a sus allegados la intención de no asumir el cargo, por lo que pasaría al primer suplente, Carmelo Berzosa Gallego, si este acepta.
María Gómez ha explicado a este periódico que se trata de una decisión «meditada y tomada hace meses», pero que no ha ejecutado hasta que terminaran las fiestas por su responsabilidad en la organización.Asume y comprende las críticas de los vecinos por algunas cuestiones, como la calidad de las orquestas.«Tienen toda la razón, pero en las fechas en las que se firmó el contrato, casi tenemos que dar gracias por lo que ha habido», apunta para añadir que ya en octubre avisó al alcalde de lo que podía pasar si no se ponían manos a la obra cuanto antes.
Reconoce que ha asistido a pocos plenos por trabajo pero que ese no ha sido el detonante de su marcha, sino la forma de gestión personalista de Álvarez de Eulate.«Total, da igual lo que votes», recalca.
El alcalde no ha querido realizar declaraciones a este periódico sobre lo ocurrido con Gómez ni sobre las polémicas de los últimos meses y se remite al pleno extraordinario del lunes.
Procesión. Sin embargo, el descontento con su gestión de una parte del vecindario se han hecho evidentes en estas fiestas de la Virgen y San Roque. De las cuatro carrozas que desfilaron, una de ellas parodió la situación con las piscinas con una de plástico y una persona disfrazada de alcalde. Además, la modificación del itinerario tanto de este evento como de la procesión de San Roque, ante la negativa de la Jefatura de Tráfico al corte de la Nacional 234, levantó ampollas. Pese a que desde el Consistorio se planteó un recorrido alternativo y se avisó de que el corte podía implicar multas de entre 30.000 y 300.000 euros, hubo quien decidió ignorar las indicaciones y echarse a la carretera.
Los agentes de la Guardia Civil allí presentes realizaron fotografías de lo sucedido el viernes. El lunes, fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Burgos aseguraron a este periódico que no había hasta el momento «ningún expediente sancionador sobre el tema de las travesías en la Jefatura Provincial de Tráfico», aclaran.
Fuente original: www.diariodeburgos.es