El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se abre por primera vez en años a la posibilidad de desbloquear el tramo del Camino Natural Santander-Mediterráneo comprendido entre Cascajares de la Sierra y Hontoria del Pinar, un proyecto que cuenta con fondos desde 2017 pero no con el consenso de los ayuntamientos afectados sobre el trazado -el escollo está entre Salas de los Infantes y Castrillo de la Reina- ni sobre la entidad pública que debe actuar como promotora de las obras.
Inasequible al desaliento, el senador Javier Lacalle parece haber sido el único que no se ha olvidado de esta obra, que permitiría dar continuidad al itinerario desde las Merindades hasta Soria, además de suponer un aliciente turístico para localidades de la sierra de la Demanda y Pinares, que no andan precisamente sobradas de oportunidades económicas y empleo. «Es una demanda ciudadana desde hace años y es difícil entender que siga sin rentabilidad social ese espacio a diferencia del resto de lugares que ya disfrutan de esa vía», afirmaba en una pregunta registrada en octubre de 2025. A finales de noviembre el Gobierno central reconocía que se trataba de «un tramo muy importante» del antiguo S-M, «dado que con él se conseguiría dar continuidad a un itinerario para senderistas y ciclistas de más de 250 kilómetros», pero mandaba la pelota a otro tejado. «Ha de ser impulsado por una entidad pública promotora, y por el momento no se ha recibido la propuesta correspondiente», que tiene que incluir el compromiso de disponibilidad de los terrenos, de mantenimiento de la infraestructura una vez finalizada la obra y la asunción «de la responsabilidad patrimonial y extracontractual ante la eventualidad de cualquier hipotético daño o siniestro producido» en los terrenos del camino natural o por falta de mantenimiento del mismo en las propiedades colindantes.
El coste económico de esos trabajos de conservación y del seguro, unido al del alquiler de los terrenos a Adif (unos 100 euros el kilómetro) genera reticencias entre los ayuntamientos más pequeños. Además, el de Salas de los Infantes quería mantener 5 kilómetros de vía sin levantar por si alguna vez se materializa el sueño del ‘tren de cine’, con ayuda de la Asociación para la Recuperación del Patrimonio Ferroviario (Arpafer), y diseñar una senda peatonal alternativa. El otro municipio afectado, Castrillo de la Reina se oponía inicialmente, aunque luego se mostró proclive a llegar a un acuerdo siempre que desde la otra parte existiese un compromiso firme.
Últimos tramos abiertos. Hace ya años que el asunto cayó en el olvido, sin que nada hayan sabido los ayuntamientos implicados ni la Diputación, que de redactar el proyecto en 2018 -3 millones y un año de obras estimados- ha pasado a mediadora, sin querer asumir el papel promotor. Por el camino se abrió en 2021 el tramo de 22,7 kilómetros Cojóbar-Burgos-Villarmero, con una inversión de 220.000 euros financiada por el Ministerio y el Ayuntamiento de la capital como promotor. En 2024 entró en uso otro de 60 kilómetros por Oña, Cillaperlata, Trespaderne, Merindad de Cuesta-Urría, Medina de Pomar, Villarcayo y Merindad de Valdeporres. Costó 5,3 millones, cofinanciados por el Ministerio y los Fondos Feader, con el Ceder Merindades como promotor.
Pese a todo, el senador burgalés volvió a la carga en febrero de este año y el tono de la respuesta gubernamental, fechada tan solo un mes después, varía sensiblemente, aunque no incluya ningún compromiso. Insiste en que «para finalizar el proyecto constructivo se requiere, con carácter previo, llegar a un acuerdo sobre el trazado por el que discurrirá este camino natural, entre los ayuntamientos afectados», pero ya se implica en la solución. «El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación trabajará en los próximos meses con las administraciones promotoras para tratar de llegar a un acuerdo que posibilite la ejecución de las obras lo antes posible», afirma al senador. Está por ver si este intento fructifica.
Fuente original: www.diariodeburgos.es