La justicia considera «necesario» que David D.O.U. permanezca en prisión provisional hasta la celebración del juicio por un delito de alzamiento de bienes y otro continuado de maltrato animal a los perros a los que durante años malcrió hasta la muerte en las instalaciones de Melgar de Fernamental y en otras propiedades de su familia. La Audiencia Provincial de Burgos ha rechazado su puesta en libertad por entender que existen indicios racionales de criminalidad y por el «evidente» riesgo de fuga, puesto que ya se marchó en febrero de 2020 a México, cuando estaba investigado, y solo ha vuelto gracias a su arresto en Venezuela, coordinado por Interpol a requerimiento del Juzgado de Instrucción número 2 de Burgos, que emitió una orden internacional de detención.
La Audiencia recalca que sí concurren «motivos bastantes para creer responsable criminalmente de uno o varios delitos» al dueño del conocido como criadero de los horrores, tras analizar «el contenido de los atestados elaborados por el Seprona, la documentación remitida por la Junta de Castilla y León, por el Ayuntamiento de Melgar de Fernamental, las actas de las entradas y registros autorizadas por el juzgado instructor que ponen de manifiesto la situación deplorable en la que se encontraban los animales primero en el criadero de perros y luego en los diferentes inmuebles en los que se practicaron las entradas y registros, a los que el investigado llevó los animales que inicialmente se encontraban en el criadero para evitar que los mismos le fueran retirados», describe en el auto, al que ha tenido acceso este periódico.
El criadero de los horrores fue clausurado por la Junta en febrero de 2020, pero cuando llegaron los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil solo había 14 perros vivos y otros 14 muertos, cuando en algunas inspecciones se llegaron a contabilizar más de un centenar. Días después, completaron la operación y procedieron a rescatar 77 canes vivos y 8 muertos en un piso del centro de la localidad y una finca. Huido de la justicia desde 2020, fue arrestado en Venezuela en octubre de 2024 y extraditado a España el pasado 19 de febrero.
El abogado del presunto maltratador canino sostiene que «ningún delito ha cometido porque no era él el responsable de la instalación» cuando se marchó al extranjero. Sin embargo, el magistrado razona que «los atestados revelan que el investigado era de hecho el propietario y regente del criadero, y por lo tanto y el responsable del estado de los animales y de su destino, no siendo sino tras la existencia de los procedimientos administrativos y penales contra él dirigidos por el estado de los animales y a fin de eludir las posibles responsabilidades derivadas de los mismos, cuando transmite la titularidad de parte de los canes a nombre de su pareja y de su madre».
Esa misma línea de defensa emplea para la acusación de alzamiento de bienes y tampoco es aceptada por el tribunal. El Juzgado de lo Penal nº 2 le condenó por maltrato animal a pagar 2.013,90 euros, una sentencia que devino firme en 2020. Con independencia de esa fecha, «el delito ha podido ser cometido, pues de ningún modo exige el precepto penal que los actos de disposición se tengan que realizar después de la firmeza de la sentencia que imponga la obligación de pago», detalla el auto.
En su recurso, el abogado de David D.O.U. también alega que «ha permanecido en prisión en Venezuela más de 16 meses los cuales tienen que computarse en caso de condena», circunstancia con la que coincide la Audiencia.
Las instalaciones permanecen abandonadas desde 2020
La investigación de la Guardia Civil de Burgos comenzó en 2013, con visitas periódicas a las instalaciones de la carretera que lleva hacia San Llorente de la Vega que siempre acababan en denuncia. «Los hábitos negligentes del criador en el cuidado de sus mascotas fueron agravándose, lo que provocó además un gran malestar entre los vecinos y resto de habitantes del municipio debido a la suciedad generalizada, olores, deposiciones acumuladas mezcladas con comida y plaga de parásitos», detalla la Benemérita, que en 2019 intensificó las actuaciones y detuvo a David D.O.U. por maltrato animal.
Ese mismo año fue de nuevo detenido por estafa en la venta de un perro y otra vez meses después en una nueva inspección por maltrato animal por persistir las mismas negligencias y condiciones de precariedad en las mascotas. En esa ocasión también fueron intervenidos cinco animales que precisaron atención veterinaria urgente.
La licencia ambiental autorizaba la tenencia de 75 animales en el criadero de los horrores. Sin embargo, llegaron a residir 147 perros (97 adultos y 50 cachorros). Muchos presentaban extrema delgadez, padecían enfermedades y eran privados de cuidados veterinarios hasta morir. La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León las clausuró el miércoles 26 de febrero de 2020 tras el último registro de la Benemérita que, tras la huida del sospechoso, no cejó en su empeño de dar con él y traerlo ante la justicia española, en colaboración con el tribunal burgalés, pese a que las extradiciones en el ámbito de delitos por maltrato animal son excepcionales.
La administración regional tuvo que activar los mecanismos para conseguir que casi un centenar de animales de los que sobrevivieron fueran acogidos. Desde entonces, el criadero permanece abandonado y en silencio. Al menos, no han vuelto a escucharse los ladridos lastimosos.
Fuente original: www.diariodeburgos.es