El presunto cabecilla de la red de tráfico de drogas desarticulada por la Guardia Civil en Aranda de Duero el pasado mes de marzo presentaba «una situación económica que no se justifica por su trabajo de camionero de recogida de residuos, ya que es propietario de varias inmuebles y de unos vehículos que tienen un coste económico desproporcionado» para los ingresos de origen lícito que ha podido acreditar, con un sueldo de 1.300 euros. Así se afirma en un auto de la Audiencia Provincial de Burgos al que ha tenido acceso este periódico, con información sobre uno de los 8 detenidos en la denominada operación Cherry, que concluyó con la incautación de 80.000 euros en metálico y más de 4 kilos de diferentes sustancias, desde cocaína rosa hasta LSD y anabolizantes, tras el registro de diversos inmuebles en los barios de Santa Catalina y el Ferial Bañuelos, así como alguna finca rústica del entorno de la ciudad.
Lo que más se recuerda de esta intervención de la Guardia Civil son sin duda los dos coches que sacaron los investigadores de la benemérita de una lonja de la calle Los Monjes, un BMW M4 de color morado y un aún más llamativo Polaris rojo de tres ruedas. El primero ronda 190.000 si se compra nuevo y el Slingshot con apariencia deportiva, tiene un coste de entre 20.000 y 30.000 euros, según la información que consta en el atestado y de la que se hace eco el juzgado.
El sospechoso tiene a su nombre además dos pisos y dos cocheras.«Por la Guardia Civil se aportó incluso información notarial que demostraba que el recurrente había pagado varios de esos inmuebles al contado sin necesidad de préstamo entre los años 2020 a 2023. Y todo ello con un trabajo como camionero de recogida de residuos con el que, en su declaración judicial de 28 de marzo de 2025, dijo ganar 1.300 euros al mes», en el que además lleva un tiempo de baja, según consta en el auto judicial, que rechaza de nuevo devolverle los bienes incautados, tanto los dos vehículos deportivos como un par de relojes Rolex, que nuevos pueden costar unos 50.000 euros, aunque no se han peritado.
«En el presente caso existen indicios racionales de la participación del investigado en el delito contra la salud pública», que «se extienden también al hecho de que los efectos intervenidos y entre ellos el vehículo y los relojes puedan ser producto de dichas actividades delictivas. Indicios que son más que suficientes en esta fase del procedimiento y sin perjuicio de lo que puede acordarse con posterioridad, o en el momento del plenario», recalca la Audiencia.
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