El Procurador del Común ha decidido convertirse en altavoz de los vecinos de esos pueblos que sufren graves problemas de conectividad y recordar a las administraciones públicas que «más allá de su uso cotidiano, se convierte en un recurso vital durante emergencias, a un nivel próximo a otros suministros básicos, como el eléctrico, el agua o la infraestructura vial». La resolución se dirige al Ayuntamiento de Villarcayo por la queja remitida desde una de sus pedanías, pero sirve sin mover ni una coma como respuesta a los habitantes de Moncalvillo o de Riocavado de la Sierra, por citar solo dos de los ejemplos más recientes de reclamaciones en la provincia de Burgos.
Desde esta última localidad han presentado una carta de reclamación colectiva para denunciar que «desde hace 15 días, el municipio carece de cobertura móvil, dejando incomunicados a muchos vecinos y, lo que es aún más grave, sin teleasistencia» para los mayores dependientes ni servicio de ayuda a domicilio. «La situación sanitaria también es crítica: el médico rural, que antes venía una vez por semana, ahora lo hace cada dos o tres, y cuando acude, no puede recetar ni consultar historiales porque el consultorio carece de conexión digital. Además, se ha eliminado el sistema de recogida de recetas y entrega de medicamentos, obligando a las personas mayores a desplazarse a otros pueblos», destacan en un comunicado los vecinos de Riocavado.
En Moncalvillo vivieron una situación esperpéntica a finales de agosto, cuando un trabajador de Palacios de la Sierra tuvo que coger el coche y entrar a bocinazos en el pueblo para avisarles de que un fuego nocturno se dirigía hacia el pueblo, puesto que no daban señal los móviles de contacto que disponía. Ellos mismos habían alertado días antes del riesgo al que estaban expuestos en una emergencia similar, durante un reportaje en este periódico.
Precisamente los incendios forestales que este último verano se han encadenado en Castilla y León motivan la parte más novedosa de la resolución del Procurador del Común, no sin antes recordar dos aspectos cruciales. El primero, «que la materia de telecomunicaciones es de exclusiva competencia estatal» y el segundo, que los servicios «se prestan en régimen de libre competencia por los operadores privados; y, por tanto, su actuación viene determinada por sus propios intereses de negocio y por la rentabilidad de las inversiones que llevan a cabo», detalla. No obstante, existe el denominado Servicio Universal «que garantiza a todos los ciudadanos, con independencia de su localización geográfica, el derecho a obtener una conexión fija que permita un acceso adecuado y disponible a una Internet de banda ancha con una velocidad mínima de acceso de 10 Mbps en sentido descendente, incluyendo, entre otros, servicios de llamadas telefónicas y videollamadas con calidad estándar». Telefónica (Movistar) tiene encomendado este servicio, que no incluye telefonía móvil ni velocidades superiores.
El Consistorio de Villarcayo no contesta. Pese a la competencia estatal, la institución que comanda Tomás Quintana le pide al Ayuntamiento de Villarcayo que ejerza las suyas propias, «proporcionando las autorizaciones y licencias, conforme a la legalidad vigente, a fin de facilitar soluciones a los problemas de cobertura de internet» en su municipio, además de recriminarle que no haya respondido a su solicitud de información, formulada en hasta 4 ocasiones, lo que le lleva a figurar en la lista de entidades no colaboradoras.
Sentadas las bases del debate, el Procurador del Común pone a esta pedanía como ejemplo de abandono institucional y de las empresas que desarrollaban estos proyectos, y reflexiona sobre la necesidad de que las administraciones tengan presente que «no solo es necesario garantizar el acceso cotidiano a servicios digitales, sino que en situaciones de emergencia la conectividad constituye un recurso de vital importancia», como se pudo ver en los montes de León y Zamora, «donde las telecomunicaciones más que nunca se revelaron como una necesidad estratégica para fortalecer la capacidad de reacción y protección frente a emergencias de gran magnitud», ahonda.
La falta de cobertura «puede agravar significativamente la emergencia, incrementando riesgos humanos, ambientales y económicos», pues dificulta los avisos, las comunicaciones y la monitorización de los recursos desde el centro de mando y entre los equipos sobre el terreno, las órdenes de evacuación y la difusión de mensajes masivos a la población…
«La incomunicación genera desinformación, angustia e incertidumbre, aumentando la percepción de vulnerabilidad y abandono», esa que reflejan por ejemplo los vecinos de Riocavado en su comunicado. Pero también puede agravar y extender el problema fuera del propio ámbito de la emergencia, pues «sin conectividad, familiares y vecinos carecen de medios para comprobar el estado de sus allegados, lo que genera pánico y decisiones improvisadas», concluye el Procurador.
Fuente original: www.diariodeburgos.es