Ante el ‘No’ de PP Y VOX, la portavoz socialista de la Comisión en la Presidencia de las Cortes de Castilla y León, la Esther Pérez, tacha al PP de «experto en desviar el debate sobre la financiación de los ayuntamientos y a advierte que “la cohesión territorial no consiste únicamente en que el dinero llegue a todos los municipios si no en que llegue en cantidad suficiente para producir cambios y en que pueda utilizarse allí donde cada municipio más lo necesita”.
La procuradora por Soria defendió en la Comisión la PNL por la que el PSOE ha exigido a la Junta duplicar la dotación del fondo de Cohesión Territorial hasta alcanzar los 40 millones y ampliar la capacidad de decisión de los ayuntamientos para decidir a qué proyectos destinan esos recursos.
“Es fundamental para que la autonomía municipal sea real”, defendió Pérez en defensa de la duplicación del Fondo de Cohesión Territorial creado 2022 con una dotación de 20 millones de euros, cantidad que la Juna mantuvo en 2022, 2023, 2024, 2025 y ha vuelto a convocar 20 millones en 2026.
CINCO ANUALIDADES Y LA MISMA CIFRA
Desde el PSOE insisten en que «la propia Junta de Castilla y León reconocía al cierre de 2025 que en los cuatro ejercicios anteriores se habían destinado 80 millones: 20 millones cada año. La convocatoria de 2026 ha mantenido de nuevo esa cuantía”, expuso la procuradora socialista al denunciar que “la cantidad que se presentó como punto de
partida se ha convertido en un techo”
“La pregunta no es si Castilla y León puede permitirse reforzar este Fondo. La pregunta es si puede permitirse seguir debilitando, por insuficiencia financiera, a la Administración que sostiene diariamente el territorio”, añadió.
En su intervención, Pérez incidió en la necesidad de eliminar los condicionantes que reducen injustificadamente la capacidad de decisión de los ayuntamientos “La autonomía municipal consiste precisamente en que cada corporación, elegida por sus vecinos, pueda ordenar sus prioridades”.
En esta línea Pérez explicó que la regulación del Fondo admite inversiones en infraestructuras y equipamientos municipales, pero excluye ámbitos enteros por considerarlos sectoriales. La convocatoria de 2025 enumeraba, entre otras exclusiones, los servicios sociales y asistenciales; los consultorios médicos; determinadas infraestructuras educativas de competencia municipal; los cementerios; el patrimonio histórico; la vivienda pública; la policía
local; las oficinas e infraestructuras turísticas; museos, salas de exposiciones y bibliotecas; y las instalaciones deportivas. La autonomía municipal consiste precisamente en que cada corporación, elegida por sus
vecinos, pueda ordenar sus prioridades.
“Nuestra propuesta es razonable: 40 millones de euros para 2.232 municipios y libertad responsable para destinarlos a necesidades municipales legítimas. Más financiación, mejor adaptada al territorio y sometida a todos los controles públicos.”, defendió la procuradora socialista por la provincia de Soria.
Fuente original: www.tuvozenpinares.com