El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha archivado la denuncia presentada por el abogado de las exmonjas de Belorado Enrique García de Viedma contra las medidas cautelares que autorizaron el traslado de las 5 hermanas mayores del monasterio de Belorado -de entre 87 y 100 años- a otro convento de la Federación de Clarisas, lejos de la tutela de las cismáticas. La decisión no se pudo ejecutar el pasado 1 de agosto por la oposición de varias de las mujeres excomulgadas, que impidieron el acceso a la comisión judicial a las instalaciones de Orduña, donde se llevaron a las ancianas tras el juicio por la demanda de desahucio por precario celebrado en Briviesca el 29 de julio.
El letrado burgalés «dice representar» a 4 de las ancianas y actuar en interés de una quinta, que no ha otorgado poder a su favor. Considera que la tramitación de esas medidas cautelares ha estado plagada «de irregularidades presuntamente delictivas» y cita en concreto falsedad en documento público, impedimento del ejercicio de derechos constitucionales e intento de detención ilegal. Sin embargo, no especifica contra quién se dirige esa denuncia, presentada ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJ.
El magistrado ponente, Carlos Javier Álvarez, deduce que la actuación del abogado se dirige contra la jueza de Briviesca y el representante del Ministerio Fical que instó las medidas, ambos aforados, por lo que tendría que haberse articulado mediante el procedimiento legal oportuno para ello.
«Por otro lado, lo que la denuncia parece expresar es la disconformidad de las personas representadas por el abogado denunciante con las citadas resoluciones judiciales, disconformidad que debe canalizarse a través de los recursos legalmente previstos en procedimientos de índole civil como el que es referido en la propia denuncia, sin que ello suponga, por sí solo, la comisión de los hechos delicitivos que se relatan», detalla el auto del TSJ.
Por tanto, concluye el magistrado, «obvio resulta que no procede abrir procedimiento penal alguno».
Antecedentes. El Ministerio Fiscal y el comisario pontificio del monasterio de Belorado, Mario Iceta, solicitaron unas medidas cautelares al Juzgado de Briviesca, que en sendos autos dictados el 30 y el 31 de julio autorizó el traslado de las 5 monjas clarisas a cualquier monasterio de la Federación de Aránzazu y su entrega a Iceta o a la persona en quien delegase. Según las cismáticas, la tramitación de esta medida cautelar duró 5 días, «sin notificación alguna a las propias afectadas ni a sus guardadoras de hecho» y tras un «cúmulo de irregularidades» que han motivado la solicitud de «la nulidad de todas las actuaciones y la vuelta del procedimiento a su comienzo», además de «la implicación de la Fiscalía para velar por los derechos de las monjas» y de esta denuncia por vía penal, que es sobre la que el TSJ se pronuncia.
Las 8 monjas excomulgadas tras declarar su salida de la Iglesia Católica acudieron a la vista por el desahucio en Briviesca el 29 de julio. A la entrada del juzgado aseguraron que las monjas ancianas, a las que el comisario pontificio considera las únicas integrantes actuales de la comunidad religiosa del monasterio de Belorado, y por tanto titulares de sus bienes, seguían en La Bretonera, ante los crecientes rumores de que orquestaban su traslado a Orduña.
La sentencia que decretó su desahucio y les ordenó que abandonasen Belorado se notificó tan solo dos días después, el 31 de julio. A la mañana siguiente, la comisión judicial acudió allí para ejecutar la medida cautelar de traslado de las hermanas ancianas pero estas ya no estaban. Se dirigió después a Orduña, donde también se desplazaron religiosas del monasterio de clarisas de Medina de Pomar con dos transportes adaptados, pero tampoco pudieron dar cumplimiento a la decisión judicial ante la oposición de las cismáticas.
Fuente original: www.diariodeburgos.es