Una herida en la cabeza por una pedrada a una mujer mayor y enferma crónica y las secuelas traumáticas que aún sufren dos menores de 4 y 8 años son los daños personales que se produjeron en la tarde-noche del pasado 28 de enero después de que un grupo de medio centenar de vecinos de Cardeñadijo atacara con ladrillos, piedras y palos tres casas ocupadas por varias familias rumanas y entraran en una de ellas por la ventana. Los hechos, que han sido puestos en conocimiento de la Guardia Civil y la Fiscalía, se saldaron también con numerosos daños materiales: rotura de puertas, ventanas, mobiliario, electrodomésticos, enseres y un automóvil. Según el testimonio que las víctimas reflejaron en la denuncia, durante la agresión, recibieron, además, insultos de carácter xenófobo, fuertes imprecaciones para que abandonaran la localidad y amenazas de muerte.
La causa de este brote de violencia se encuentra -como ha explicado la asociación Promoción Gitana, que junto al Colegio Oficial de Trabajo Social de Burgos ha querido hacer una denuncia pública del mismo- en un hurto cometido por parte de uno de los integrantes de las familias «que no reside habitualmente en el municipio». Como respuesta se cometieron presuntamente, aseguran, «delitos de allanamiento de morada, lesiones, amenazas, robo, daños, desórdenes públicos y delitos de odio».
El letrado de la entidad social, Javier Benito, ofreció detalles sobre el contexto de los hechos. Y es que estas cuatro familias rumanas y de etnia gitana -un grupo de entre quince y veinte personas en total- han residido durante un año y medio en unas viviendas del municipio «ocupándolas de manera irregular habida cuenta de las dificultades y la gran situación de exclusión social en la que se encuentran, en la que poder acceder a un alquiler o compra de vivienda es prácticamente imposible».
Se trata de unas casas que son propiedad de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), con la que Promoción Gitana ha realizado un trabajo de intermediación a la búsqueda de un contrato de alquiler social que, finalmente, fue autorizado y tramitado por la gestora a finales del año pasado «y que se encontraba pendiente de la puesta en funcionamiento de los suministros básicos por parte del Ayuntamiento de Cardeñadijo». Es la misma explicación que uno de los agredidos expuso ante la Guardia Civil cuando durante le proceso de la denuncia el agente le preguntó sobre su presencia en las vivienda.
Promoción Gitana considera que los hechos «revisten una profunda y especial gravedad por el gran número de personas implicadas, la portación de objetos contundentes y potencialmente lesivos, las expresiones de índole racista vertidas a lo largo del transcurso de los hechos y la oscuridad en la que se produjeron». Lamenta, por otro lado, que las familias agredidas señalen «una posible inacción de los agentes de la autoridad que se personaron en el lugar y que no intervinieron, a pesar de estar allí, hasta que los hechos no escalaron en una gravedad alarmante».
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Fuente original: www.diariodeburgos.es