La batalla judicial iniciada en 2021 por la junta vecinal de Barcenillas del Ribero que entonces y ahora preside Lorenzo Castresana se ha topado ya con dos sentencias contrarias a sus pretensiones. Tanto el Juzgado Número 2 de Villarcayo en 2024 como ahora la Audiencia Provincial rechazan el desahucio de la empresa explotadora de la cantera cercana a la localidad, como exigía la pedanía por el supuesto impago del canon anual vinculado a los materiales que se extraen de ella. La última sentencia deja claro que «las actividades de extracción de piedra y arena son realizadas en parcelas propiedad de la mercantil demandada» y que, no solo no pertenecen a la pedanía montijana, sino que se ubican en suelo del municipio de la Junta de Traslaloma.
En 2004, la empresa explotadora de la mina a cielo abierto y la junta vecinal rubricaron dos contratos con una duración de 30 años. Uno era de arrendamiento de fincas rústicas donde se encuentran la mayor parte de las instalaciones destinadas al machaqueo, triturado y clasificado de la piedra caliza que se extrae de la cantera y el otro de «arrendamiento y aprovechamiento de la cantera», como explica la sentencia de la Audiencia. Por el primero, la empresa ha venido pagando una cantidad que ya se acerca a 4.000 euros anuales.
Pero la empresa dejó de abonar en 2019 el canon de 0,225 euros por cada m3 de material extraído, aduciendo que el frente de la cantera había avanzado hacia suelo de su propiedad ubicado en Traslaloma. El alcalde pedáneo consideraba cuando se presentó la demanda que la empresa seguía haciendo uso de los terrenos de Barcenillas, que en su día explotó, cuando echaba el material extraído en suelo de Traslaloma. Pero la justicia avala a la empresa y el informe pericial que concluye que la extracción de arena y piedra se circunscribe a terrenos que son ajenos a Barcenillas del Ribero. Así pues, le niega a la pedanía el derecho a cobrar 85.012 euros, que reclamaba por la extracción de material en 2019, 2020, 2021 y 2022, al entender que ya solo le corresponden los 4.000 fijos del alquiler del suelo donde se encuentran la maquinaria y edificios de la mina.
No obstante, la batalla continúa, porque la junta vecinal ha llevado el asunto ante el Tribunal Supremo que aún no ha admitido su recurso de casación. Desde la oposición, la vocal del PP, Silvia Lorenzo, contraria a la decisión, considera que «va a dejar al pueblo en muy mala situación económica por el coste de los procesos judiciales» y lamenta que, además «nos vamos a quedar sin los 4.000 euros de la renta debido al proceso de expropiación».
Expropiación. Y es que fruto de los litigios judiciales, la empresa solicitó en 2023 la expropiación forzosa de los terrenos donde están sus instalaciones, al haber fracasado los procesos de negociación con la junta vecinal de Barcenillas del Ribero. Así lo explica la propia mercantil en las contestaciones a las alegaciones de la pedanía que se hicieron públicas hace casi un año.
Fue entonces cuando el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de la Junta en Burgos resolvió «declarar la necesidad de ocupación de los bienes» de la pedanía, casi 80.000 m2. Desde la Junta aducen que «la necesidad de ocupación surge con motivo de la imposibilidad de llegar a un acuerdo con los propietarios de las parcelas» y porque «el titular de la concesión tiene el derecho de expropiación sobre los terrenos en los que se encuentran sus instalaciones», según la Ley de Minas.
La empresa sostiene que «ha tratado durante largo tiempo alcanzar un acuerdo de actualización de los contratos de arrendamiento que les une». La pedanía también ha recurrido el proceso de expropiación, aduciendo, entre otras cosas, que «la solicitante es propietaria de numerosas fincas todas ellas dentro de la concesión minera y, por tanto, podría ubicar sus instalaciones en las que considere más idóneas para ello», a pesar de tratarse de elementos y edificios de difícil traslado.
Fuente original: www.diariodeburgos.es