La organización del festival Elektrees se querella contra el alcalde de Villarcayo por prevaricación

El Festival Elektrees estaba programado para abril de 2020, pero nunca se llegó a celebrar. La pandemia obligó al Ayuntamiento de Villarcayo a suspenderlo. Pero entremedias, cuatro profesionales que llevan más de 20 años en el sector de la hostelería y los eventos musicales y de otros ámbitos tuvieron que adelantar pagos de más de 60.000 euros «gran parte de los cuales no hemos recuperado» y tirar por la borda su trabajo de meses. Un contrato de «prestación de servicios» suscrito en enero de 2020 entre ellos y el alcalde de Villarcayo, Adrián Serna, en representación del Consistorio, al que ha tenido acceso DB, planteaba «la contratación por parte del Ayuntamiento de Villarcayo con la sociedad… para el desarrollo y la organización del evento». Además, se comprometía al pago de 14.900 euros más IVAen los siguientes quince días a la firma del contrato. El 3 de marzo de 2020 firmó otro contrato «de patrocinio por parte de este Ayuntamiento de Villarcayo», por valor de 4.900 euros más IVA, que también debían de abonarse en 15 días.

El Ayuntamiento nunca pagó esas cantidades, a pesar de que de nuevo consta en un decreto de Alcaldía de agosto de 2020 como Serna resolvía «ordenar el pago inmediato y urgente de los importes comprometidos», además de fijar una nueva fecha en abril de 2021. La última comunicación entre el Consistorio y los coorganizadores se produjo en diciembre de 2020 para fijar una nueva fecha, septiembre de 2021. En el decreto de agosto de 2020, el propio regidor admitía que los querellantes y el Ayuntamiento actuaban «como coorganizadores del evento Elektrees Festival», algo en lo que ellos insisten a la hora de pedirle responsabilidades económicas. Entre las obligaciones municipales estaba la de dotar de electricidad y agua al evento, ceder el espacio o contratar un Plan de Autoprotección.

Pero tras muchos intentos de cobrar aquella deuda, numerosos escritos, muchas promesas de pago e incluso de «habernos mentido reiteradamente», según aseguran los denunciantes, sostienen que el secretario interventor manifestó a su abogada en mayo de 2021 que «dichos contratos no existen administrativamente» ni tampoco el Decreto de Alcaldía rubricado digitalmente en agosto de 2020. Tras estas afirmaciones, en septiembre de 2021, acudieron a los tribunales y presentaron una querella contra Serna como presunto autor de los delitos «de prevaricación o de falsedad documental y estafa».

El último auto judicial fue emitido en enero de 2022. Entonces el Juzgado 1 de Villarcayo libró un oficio por el que solicitaba al Ayuntamiento que «informe sobre el pago a los coorganizadores querellantes de las gestiones efectuadas en el evento Elektrees Festival 2020», así como del «Decreto firmado del alcalde en el que decreta la orden de pago a dichos coorganizadores». El Consistorio aún no ha contestado, como confirman desde el Gabinete de Comunicación del TSJ.

Mientras, los denunciantes han presentado varios escritos de «impulso procesal» al caso, sin haber logrado que la querella avance. Los coorganizadores del Elektrees aseguran que el festival «surgió a raíz de una propuesta realizada por el propio alcalde», quien conocía personalmente a estos profesionales.

En el contrato que rubricaron aparecían todos los artistas contratados, algunos, aseguran, planteados por el propio regidor. Estos dj cobraron adelantos y la póliza de seguros no cubría la suspensión del festival por una pandemia, por lo que no se pudo recuperar el dinero en muchos casos.

«La prioridad es devolver 700 entradas». Los coorganizadores del Elektrees Festival  afirman que vendieron alrededor de 2.000 entradas, de las que devolvieron 1.300 y el resto quedan pendientes. «Nuestra prioridad es reembolsar las 700 entradas pendientes de devolución», aseguran. De ahí, la necesidad de que el Ayuntamiento responda a las obligaciones que se marcó en el contrato firmado en enero de 2020.

En el contrato de prestación de servicios se establecía que los coorganizadores debían de facilitar 350 entradas al Ayuntamiento a un coste de 15 euros para los empadronados. Así lo hicieron, pero muchos de ellos no han recibido la devolución. Ahora, quienes estaban detrás del festival buscan «esclarecer la situación y restaurar nuestro prestigio», aseveran.



Fuente original: www.diariodeburgos.es