Los pueblos de la Reserva de Caza de la Demanda ven el año perdido pese al anuncio de refuerzos

La Junta Consultiva de la Reserva Regional de Caza de la Sierra de la Demanda se reunió ayer para abordar diversos temas, fundamentalmente «el drástico» descenso de los ingresos para los ayuntamientos de los pueblos propietarios de terrenos, del 50% y más de 150.000 euros, debido a la falta de celadores, lo que ha llevado a quitar los permisos de caza de ciervo y becada. Tras el encuentro, al que asistieron representantes municipales de Santa Cruz del Valle Urbión, Valle de Valdelaguna, Regumiel de la Sierra, Barbadillo de Herreros, Pineda de la Sierra, Neila y Fresneda, la sensación era de malestar y de haber perdido una campaña cinegética. Todo ello a pesar del anuncio de la Junta de la incorporación futura de nuevos profesionales a este espacio. «Es un parche y ya veremos cuanto tardan en llegar. De momento el año pasado sufrimos un recorte del 25% y este del 50%», comentaban desanimados. 

La administración regional ha cubierto recientemente con un celador funcional una de las plazas que quedaban vacantes, la de Riocavado de la Sierra, lo que es, para estos alcaldes, un reemplazo. «Es cierto que ha llegado uno nuevo a Riocavado, pero en poco tiempo se va a jubilar el que lleva Ledanías, así que en este caso es una trampa, sustituir uno por otro, no aumentar el personal de campo», manifiestan los regidores, que recuerdan que para el buen funcionamiento de la Reserva son necesarios 19 celadores, y en la actualidad existen 12 y en breve bajarán a 11. 

En su intención por tratar de mejorar la situación, desde la Consejería de Medio Ambiente han cursado «la petición de cubrir  4 plazas de celadores en régimen de interinidad para los cuarteles de Palacios de la Sierra, Barbadillo de Herreros, Huerta de Arriba y Regumiel de la Sierra». Afirman que actualmente este proceso está pendiente de aprobación por parte de Función Pública y Hacienda y que servirá para «poder adecuar la gestión cinegética, esto es, el plan de caza, a la realidad biológica y potencialidad de ingresos que el territorio de la Reserva puede aportar a las economías de los ayuntamientos que forman parte de la Reserva», detallan.

Los alcaldes consideran que de esta forma se cubrirían la mitad de las plazas vacantes, 4 de 8, y expresan sus dudas respecto al momento de su posible incorporación. «Lleva su tiempo y plazos, para este año ya no van a llegar y ya veremos cuando esto sucede y si llega a su fin», comentan, para calificar  la situación de «surrealista», ya que la Junta «obliga a cazar con celadores en la Reserva, pero no hay», lo que les está perjudicando económicamente. «Por ser parte de la Reserva ya ingresamos menos que si subastáramos el coto de caza por nuestra cuenta, pero es que el descenso de ingreso en los últimos años no se puede dejar pasar», afirman muy enfadados. 

En el encuentro, en el que además del delegado territorial, Roberto Saiz, estuvo el jefe del Servicio de Medio Ambiente, el director de la Reserva y responsables de Turismo, Ganadería o Espacios Naturales de la Junta, también se abordó el asunto de la segregación de Barbadillo de Herreros de esta Reserva.  «Han comentado que es viable, pero que se necesita de la aprobación del 100% de los propietarios de terrenos, algo que no compartimos y que miraremos, ya que nuestra intención es continuar con este proceso», explicó Roberto Neila, concejal de Barbadillo. En la junta consultiva celebrada ayer, algún ayuntamiento alzó la voz en una línea similar. 

Respecto a este último asunto, desde la Consejería explican que la normativa actual «exige que la segregación de terrenos de una Reserva Regional de Caza sea realizada mediante norma con rango de Decreto de la Junta de Castilla y León, con toda la participación y toma en consideración de las opiniones de la sociedad civil mediante participación ciudadana e información pública, de las Consejerías de la Junta, del Consejo Regional de Medio Ambiente, del Consejo Económico y Social y del Consejo Consultivo de Castilla y León». En definitiva, se trata de una tramitación administrativa no compleja, pero que sí requiere de unos pasos que no permiten que la solicitud pueda ser tramitada de forma automática. Ha pasado más de un año desde que la solicitaron. 



Fuente original: www.diariodeburgos.es