Hasta la Guardia Civil tuvo que presentarse ayer en el ayuntamiento de Albillos tras el revuelo que se formó durante el levantamiento de las actas previas a la ocupación para el megaparque solar que pretende construir Green Capital Development III en la zona. Los abogados de aquellos propietarios en contra de esta instalación detectaron múltiples irregularidades en el proceso, como ya habían denunciado en Buniel y Estépar, y en este caso optaron por llamar inmediatamente a la Subdelegación del Gobierno para dejar constancia de lo que estaba ocurriendo.
«Hemos presenciado en Albillos una gran cantidad de errores y el procedimiento no se está siguiendo. Ha empezado a haber revuelo por la falta de claridad y legalidad. Esto es muy grave», argumentaban Francisco José Manso, Ana Andrés y Pilar Esquinas, los abogados de varios titulares. La cita se desarrolló pese a poner de manifiesto estas irregularidades -en las otras dos ocasiones se había enviado por escrito a la Subdelegación y no se ha dado contestación-, de ahí que ayer ya se optó por avisar a la Guardia Civil. «Hay gente muy mayor y ni siquiera sabe lo que está firmando, es un procedimiento urgente y lo siguiente es la ocupación. Les están diciendo ‘ven aquí, firmas y no te doy ninguna explicación ni depósito previo’», afirmaban.
Según detallaban los letrados, muchos de los citados en la jornada de ayer no sabían que el siguiente paso es la ocupación de su parcela. «La gravedad de por lo que hemos parado todo es porque no se les está explicando que lo que firman supone perder el terreno», aclaraban. Entre las cuestiones que denuncian se encuentran que no se informa a la gente lo que firma, la ausencia de depósito previo a la ocupación, las contradicciones en la identificación de los titulares de las fincas y la vulneración de las garantías de confidencialidad y de trato individualizado en el levantamiento del acta puesto que se atiende a los propietarios en un local de forma simultánea y no se identificaban quienes intervenían.
Desde la empresa no quisieron hacer declaraciones a este periódico. Mientras, la Subdelegación del Gobierno en Burgos asegura que «el procedimiento se ha seguido con todas las garantías». «La declaración de utilidad pública fue aprobada por el Miteco. En su día fue recurrida, solicitándose la suspensión, y fue denegada», explican, mientras que ayer se celebró el levantamiento de las actas previas a la ocupación, donde aquel propietario que no esté conforme puede alegar y recurrir al jurado provincial de expropiaciones, que establecerá un justiprecio. «Si el propietario sigue disconforme puede recurrir al juzgado contencioso administrativo», añaden.
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Fuente original: www.diariodeburgos.es