Al nuevo alcalde de Sasamón, Lorenzo Galerón, le persiguen los problemas con el agua. Primero la de consumo humano y ahora la de las piscinas municipales, en las que ha tenido que prohibir el baño en el vaso mayor por la falta de condiciones higiénicas, tras recibir varias quejas de los usuarios.
El decreto, al que ha tenido acceso este periódico, ordena a la concesionaria del servicio precintar el acceso al vaso mayor de las instalaciones y colocar carteles informativos en la entrada y en el acceso a la piscina principal para que el público tenga constancia del problema. La prohibición tiene carácter temporal, «hasta que se garantice que la calidad del agua cumple con los parámetros exigidos por la normativa higiénico-sanitaria», detalla el alcalde.
El Ayuntamiento de Sasamón reconoce que ha recibido quejas de varios usuarios por la calidad del agua, «que ponen de manifiesto la existencia de un riesgo para la salud de las personas», por lo que se ha enviado a personal de mantenimiento municipal a comprobar su estado. Tras la inspección visual, en la que «se aprecia falta de transparencia y condiciones higiénicas inadecuadas para el baño», se ha tomado la decisión, a la que espera de que los concesionarios adopten las medidas oportunas para su reapertura. El decreto de Alcaldía reseña que se trata de una medida «de carácter provisional y estrictamente sanitario que no supone una modificación contractual en sentido estricto», sino el ejercicio de la labor de vigilancia de la correcta prestación de los servicios públicos conferida al Ayuntamiento.
A finales de julio, Sasamón tuvo que realizar unas obras que durante un par de días tuvieron a los vecinos sin beber agua de la red por la posibilidad de un alto contenido en nitratos -aunque finalmente no fue necesario usar la de los manantiales- y todo quedó en un aviso. La situación se ha repetido en agosto.Además, el Ayuntamiento ha emprendido la batalla contra los inmuebles conectados de manera ilegal a la red de agua, con advertencia de multa de 1.000 euros para aquellos usuarios que no regularicen su situación (la tasa se fija en 400 euros por acometida).
Fuente original: www.diariodeburgos.es