El presidente de la Diputación Provincial de Soria, Antonio Pardo, se mostraba partidario de «ver otras posibilidades antes de decidir el cierre de la residencia de Navaleno», y tras constatar que ninguna empresa licitaba por hacerse cargo de la gestión del centro. Pardo recordaba que «le hemos dado oportunidad como a todas», en referencia a los otros centros que gestiona la institución y para los que sí que ha habido propuestas.
El caso de Navaleno es que «es una residencia pequeña», afirmaba el presidente de la institución soriana, quien admitía que «cabía la posibilidad de que no presentaran propuestas para la gestión del centro por sus dimensiones».
La empresa Clece S.A. licitaba para la gestión de las otras tres residencias dependientes de Diputación. En la de El Royo, además de Clece también licitaba Aralia Servicios Sociosanitarios S.A, y en la de Agreda, la firma SAR Residencial y Asistencial S.A.U.
En el pleno extraordinario se desestimaron este martes 19 de febrero los recursos de reposición contra los pliegos de privatización de las residencias de la institución provincial interpuestos por sindicatos, comité de empresa y trabajadores.
Al salón de plenos del Palacio Provincial de Soria asistieron por parte del público por tan sólo 29 personas, las que dejaron acceder a la misma desde el órgano de gobierno en previsión de posibles altercados, algo que se entendió desde el comité de empresas como «cacicada» ya que mostraron que «nuestra intención es no hacer nada, la sala es mayor y cuando se celebran las sesiones de investidura hay más gente, por lo que es una manera de coaccionar».
La vicepresidenta, Ascensión Pérez explicaba que desde la institución provincial se intentó «negociar con los sindicatos». Pérez fue acallada por los asistentes, por lo que el presidente, Antonio Pardo, tuvo que reclamar orden en varias ocasiones diciendo que «espero y deseo que se admita y se contemple el silencio para dejar debatir a los representantes de la Diputación porque no estmamos acostumbrados a esto».
Para el portavoz del PSOE, Ángel Núñez, la privatización de los centros supondrá una reducción en los salarios de los trabajadores «porque es la única manera de conseguir el ahorro calculado» indicó, además de acusar al Equipo de Gobierno de no haber informado al Obispado de la privatización de la residencia de El Royo, algo que Pardo negó. También insistió en esperar a la aprobación del nuevo reglamento sobre Ordenación del Territorio regional con el fin de hacer que la Junta se haga cargo de dicho servicio.
José Antonio de Miguel, portavoz de PPSO, manifestó su interés por un tercer informe ya que consideró que la privatización «saldrá más cara que una gestión pública».
El desarrollo del pleno provincial fue seguido en la calle por una treitena de personas que a las puertas de Caballeros 17, custodidadas por la Policía Nacional y donde se habían instalado unas vallas para ordenar el acceso, increparon al presidente de la Diputación y a los diputados provinciales del grupo de gobierno.
fuente: PN