La Interpol tenía la ficha de David D.O.U. desde 2020 con una ‘Notificación roja’ (Red Notice), de menor calado jurídico que la orden de detención internacional pero en este caso igualmente efectiva. Entre su detención en Venezuela y la llegada a España han pasado nada menos que 14 meses, pero la espera ha merecido la pena. El responsable del criadero de los horrores de Melgar de Fernamental y presunto autor de la muerte de una veintena de perros y otros muchos casos más de maltrato podrá ser por fin juzgado.
El rastro del sospechoso en Burgos se perdió solo unos días antes de que la Guardia Civil explotara la última operación contra él, hace exactamente 6 años. La Junta de Castilla y León clausuró el criadero ilegal de la carretera hacia San Llorente de la Vega el miércoles 26 de febrero de 2020 y dos días después, el viernes 28, el Seprona y la comisión judicial registraron un piso de Melgar y otra finca, además de la casa de su madre, para encontrarse un panorama no menos ‘espeluznante’ que el de las instalaciones de la carretera de San Llorente de la Vega, con varios perros muertos y algunos con evidencias de canibalismo.
Tras su fuga, la Benemérita prosiguió las investigaciones y unos meses después localizó su rastro en un estado de México. La Fiscalía pidió al Juzgado de Instrucción número 2 de Burgos que solicitase su extradición para responder de los delitos de maltrato animal y alzamiento de bienes. Pero su pista se difuminó antes de que se pudiera concretar ese arresto.
Vista del ‘criadero de los horrores’, registrado por la Guardia Civil en 2020. – Foto: Miguel Ángel Valdivielso
David D.O.U. volvió a convertirse en un fantasma hasta que en 2024 saltó la sorpresa. Funcionarios de la Delegación Municipal de San Cristóbal, capital del estado venezolano de Táchira, y otros adscritos a la Interpol de aquel país informan el 9 de octubre de la «aprehensión» de un ciudadano español de 33 años buscado por la justicia de su país. A partir de ahí comienzan los trámites para la solicitud formal de extradición, que acuerda conceder el Tribunal Supremo de Venezuela en abril de 2025.
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