Como si de buscadores de oro se tratara, cientos de personas se echan al monte cada año tras las primeras lluvias otoñales con el único objetivo de hallar el ansiado tesoro: boletus, níscalos, trufas… Una práctica ancestral que en los últimos tiempos se ha visto ensombrecida por la invasión y explotación irregular de los montes.
La excelente campaña de este año y la falta de regulación, tanto a nivel de recogida como de venta, ha atraído hasta los pinares españoles a «cazatesoros» extranjeros, sabedores del precio que estas especies pueden alcanzar en el mercado, hasta sesenta euros el kilo en el País Vasco o Cataluña, porque es donde más se contizan.
Lo saben bien en las provincias de Soria y Burgos, donde se pueden encontrar cerca de 700 especies de setas, hongos y trufas. Este paraíso natural se ha visto amenazado por colectivos de Europa del este que peinan la zona con prácticas agresivas para el entorno rural: utilizan rastrillos, azadas, cubos de plástico –sin permitir la aireación y la caída exterior de esporas–, no respetan los ejemplares dañados, circulan a través de vías con acceso restringido… Se han ejecutado casi 150 denuncias administrativas y se han confiscado en las últimas semanas hasta 400 kilos de setas recogidas de forma irregular en la provincia de Burgos. Todo apunta a que forman parte de una red organizada: «Los comercializan a través de compradores, en muchos casos, catalanes. Es dinero en B, no hay facturas», afirma a LA RAZÓN Ramiro Ibáñez, diputado provincial de Medio Ambiente, Aguas y Montes, y añade: «En localidades de la provincia de Soria se ha observado que al caer la noche, las furgonetas, cargadas con cajas de setas, viajan directas al mercado mayorista de Barcelona». Venden el kilo de níscalos a 2 euros y el de boletus a 3.
Amenazas a los vecinos
Al tratarse de zonas de libre recolección, estos grupos poseen tanto derecho a la recogida como cualquier persona del lugar. Pero no cumplen la legislación vigente. Siempre rastrean en grupo y cuentan con silbatos para alertar a sus compañeros de cualquier riesgo. Entienden la competencia como un peligro: numerosos vecinos denuncian haber recibido amenazas cuando se los encuentran en el pinar. «Me crucé con varios de ellos, y uno me agarró la cesta llena boletus. Intenté defenderme pero otro me sacó una navaja y me la puso en el costado. Así que, se los di. Hongos hay muchos, vida sólo una», declara a LA RAZÓN Carlos Pascual, vecino de Duruelo de la Sierra: «Incluso me cachearon por si llevaba móvil».
En la Sierra de la Demanda, también en esta provincia, un hecho sin precedentes ha hecho estallar la alarma social: el asentamiento de cientos de ciudadanos rumanos en zonas no habilitadas para acampar, generando un problema de salubridad. Familias enteras que batean de sol a sol los bosques y regresan a los campamentos, refugios y furgonetas a dormir. En Salas de los Infantes, un municipio al sureste de la provincia de Burgos, la Guardia Civil desalojó el 9 de noviembre a una treintena de ciudadanos de origen rumano instalados de manera ilegal en Peña Rota, un área recreativa a escasos metros del casco urbano. Allí, se encontró ropa tendida, desperdicios de días anteriores, fuegos no controlados, colchones y mantas. Se los denunció por acampada ilegal dado que se encontraban en un espacio natural protegido: «Se los identificó, tenían la documentación en regla y no poseían antecedentes legales en España», declara el teniente José Ramón, de la comandancia de la Guardia Civil de Burgos. Según explica, la alcaldesa de este municipio burgalés, Marta Arroyo, se trata de colectivos nómadas, sin un domicilio fijo, que, por lo visto, llegaron desde Francia, después de trabajar en la recogida de la uva. «Las condiciones en las que viven dan lástima, pero no podemos permitir que destrocen un bien común. Hay lugares donde los malos usos han exterminado la especie», subraya Arroyo.
Niños sin escolarizar
Otros municipios cercanos como, por ejemplo, Quintanar de la Sierra, Canicosa y Vinuesa, se enfrentan a este problema. En esta última localidad, el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria desalojó el 6 de noviembre otro campamento por los mismos motivos. «Se les ha abierto un expediente. Además, algunas furgonetas no contaban con seguro ni ITV», explican las autoridades, y añaden: «Se sabe de una nave donde se los ha visto afincados, incluso hay niños sin escolarizar. Es una situación alarmante». Mientras se estudia cómo legislar esta situación, los lugareños poseen su propia receta: «Donde fueres haz lo que vieres. Si amaran estos montes como nosotros, no destrozarían el medio que les da de comer», afirma un vecino de la mancomunidad Sierra Alta de Pinares. Nadie cuida esa tierra como ellos.
Castigados por la despoblación y cada vez con menos recursos, saben que no podrán dejar mejor herencia que ese suelo en el que crecen los pinos, pasta el ganado y, cada otoño, nacen auténticas reliquias micológicas.
Licencias para regular el aprovechamiento
Esta situación ha puesto de relieve la falta de regulación, tanto a nivel de recolección como fiscal y sanitaria. Y pese a tratarse de medidas difíciles de recibir por los ciudadanos –pueden considerarlas como una forma más de recaudación–, todos los implicados parecen estar de acuerdo: es necesario acotar el mercado micológico con cuotas mínimas. Hay zonas en las que los empadronados pagan cinco euros al año, y licencias de 300, los vendedores. Pero para ello antes de nada «se debe estudiar cuánto produce el monte para establecer unas delimitaciones adecuadas: cada árbol produce una seta, cada año la producción es diferente, es complicado», señala Marta Arroyo, alcaldesa de Salas de los Infantes.
fuente: LARAZON
