Viernes, 26 de diciembre 2025, 07:30
A lo largo del 2026 se instalarán a lo largo de la provincia de Burgos unas 150 cámaras para el control y gestión del tráfico. Serán colocadas en diferentes pueblos burgaleses. La Diputación lleva trabajando un año y medio en esta iniciativa, que ha ido cambiando de naturaleza hasta encontrar la forma adecuada de implantarse, y a la que destinará 700.000 euros.
El objetivo es el control del tráfico, pero también el «instalar ojos en aquellas zonas donde, debido a la despoblación, los ojos humanos van desapareciendo», como explica Arturo Pascual, diputado encargado de este proyecto.
Proteger y dar seguridad a los pueblos
El proyecto de instalación de cámaras partió de la idea de proteger a los pueblos de Burgos. «La provincia tiene hasta 1.200 localidades, la realidad es que se pierden habitantes y cuanta menos gente vive, menos control se tiene sobre lo que ocurre. Queríamos llevar ojos a los pequeños pueblos que pierden habitantes porque están más expuestos a robos, atentados al patrimonio, expolios, vandalismo», enumera Pascual.
400
euros
La Diputación se encarga de la instalación de las cámaras, pero el Ayuntamiento tiene que hacer un mantenimiento y control que supone unos 400 euros anuales
Pero la ley es estricta en cuanto a la privacidad, la imagen individual y la instalación de cámaras de videovigilancia. Por lo que la Subdelegación del Gobierno no aprobó esta primera idea del proyecto.
La opción del tráfico para el encuadre legal
Pascual reconoce que se pusieron a trabajar en otro enfoque para poder llegar a instalar algún tipo de cámara que diera amparo a los pueblos. «Estoy completamente convencido de la importancia de este proyecto», reconoce. «Otra opción era la del tráfico, que es competencia de los alcaldes su regulación, por lo que se pueden instalar cámaras para este fin», explica.
De esta forma, añade el diputado, si ocurre cualquier hecho delictivo en un pueblo o en localidades cercanas, la Guardia Civil puede solicitar el visionado de estas imágenes.
«La idea es repartir las cámaras de tal forma que se cree una malla provincial de seguridad»
Arturo Pascual
Diputado de Burgos
DGT y Guardia Civil
La idea es instalar 150 cámaras a lo largo de la provincia en el 2026. Estos lugares los decidirá la Diputación en coordinación con la Dirección General de Tráfico (DGT) y con la Guardia Civil. Se colocarán en esos puntos donde la administración y el Cuerpo entiendan que son más necesarias y que aportarán más. Igualmente, para poder instalarlas se ha de contar con el visto bueno del Ayuntamiento. «La idea es repartir las cámaras de tal forma que se cree una malla provincial de seguridad», apunta el diputado.
Qué permiten estas cámaras
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Las cámaras incorporan tecnología avanzada y, además de actuar como elemento disuasorio frente a infracciones.
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Lectura automática de matrículas, mejorando la gestión del tránsito y los accesos.
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Conteo de personas y vehículos, diferenciando entre turismos, vehículos agrícolas, vehículos pesados y bicicletas.
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Detección de estacionamientos indebidos, como aparcamientos en aceras o en zonas que obstaculicen el paso.
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Registro de datos en tiempo real, identificando las horas de mayor tráfico y facilitando la planificación municipal.
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Alertas automáticas ante incidencias (objetos en la vía, accidentes, etc.), agilizando la respuesta ante situaciones que requieran intervención.
Visto bueno del Ayuntamiento
«El gasto corre a cargo de la Diputación, pero el Ayuntamiento tiene que dar el visto bueno y, además, se exige que sea en un lugar con punto de luz y que el Consistorio se encargue de su control y mantenimiento. Calculamos que supondrá un gasto de 400 euros al año», añade Pascual.
Las imágenes se borran a los 30 días
En cada punto se colocarán dos cámaras: una se encargará de captar la matrícula y la otra graba. Las imágenes se enviarán al servidor de la Diputación y no las verá nadie a no ser que sean reclamadas por la Guardia Civil en el marco de alguna investigación. «No hay un monitor donde alguien pueda estar viendo lo que se graba, además, las cámaras solo captan imágenes cuando detectan movimiento. Igualmente, a los 30 días, si nadie las reclama, si no ha ocurrido nada, se borran», matiza Pascual.
El objetivo es aportar un medio de protección a los pueblos, de seguridad, ante la despoblación y los posibles hechos delictivos que se puedan cometer. Contar con un apoyo en caso de necesitar investigar, ya que en el medio rural es más difícil encontrar cámaras e, incluso, testigos.
Experiencias piloto
«En caso de que funcione y que los pueblos estén contentos, en próximos años ampliaremos la red de cámaras», asegura Arturo Pascual.
Por el momento, hace dos meses se instalaron en Vallarta de Bureba para realizar una experiencia piloto y, en breves, se instalarán otras cuatro más para realizar un testo del software antes de implementar completamente el proyecto.
Fuente original: www.burgosconecta.es