Una explotación porcina ubicada en el término municipal de Aranda, concretamente en la pedanía de Sinovas, lleva tiempo en el foco de la investigación de los agentes medioambientales tras varios incidentes relacionados con el vertido de purines y el mal estado de sus instalaciones. Se trata de una granja construida en la década de 1980, sometida a licencia ambiental municipal, lo que implica que la competencia para su control recae en el Ayuntamiento y no en la Junta de Castilla y León.
Según los informes técnicos, la balsa de purines de la explotación se encontraba en situación precaria y uno de los muros se derrumbó el pasado mes de noviembre, vertiendo residuos al terreno. Tras este primer colapso, se presentó una denuncia ante el Ayuntamiento y se solicitaron medidas cautelares como la paralización de la actividad con la evacuación de los animales y la suspensión o retirada de la licencia ambiental.
Pese a ello, los responsables de la explotación reconstruyeron el muro de contención por su cuenta, empleando bloques de cemento sin estanquidad adecuada, lo que incumple la normativa ambiental. En el proceso de estas obras, los purines se almacenaron temporalmente bajo el enrejillado de los animales, una práctica prohibida por la legislación de bienestar animal. En una de las sucesivas inspecciones llevadas a cabo por los agentes medioambientales, pudieron comprobar en las instalaciones que «los animales tenían ya las pezuñas negras porque había subido el nivel de purín almacenado así». Una imagen muy gráfica del estado en el que se encuentra esta granja y en el que tienen que vivir los cerdos.
Los informes indican que, apenas ocho días después de finalizar el nuevo muro, la instalación volvió a ceder a finales de diciembre, provocando otro vertido al terreno. En ese momento, la balsa ya estaba llena hasta más de la mitad de su capacidad, sin cumplir los requerimientos de almacenamiento mínimo de cuatro meses según el volumen de animales.
Las fuentes consultadas por esta redacción califican la situación de grave y anuncian la presentación de un tercer informe dirigido al Ayuntamiento de Aranda, instando nuevamente a la paralización de la actividad y sanción correspondiente por los reiterados incumplimientos ambientales y de bienestar animal. A pesar de la inacción del Ayuntamiento de Aranda, que es quien tiene la potestad sancionadora en este caso, advierten que en unas semanas se dará la situación propicia para poder decretar la paralización de la actividad. «Se les puede ordenar a los de la granja que, una vez que saquen la siguiente partida de cerdos de cebo, que se sacan cada 4 meses, automáticamente esta instalación queda sin licencia hasta que no se reponga otra vez el muro de la balsa y no se revise la licencia», apuntan estas fuentes, que recuerdan los últimos animales entraron a finales de septiembre, por lo que «los cerdos ya con 100 kilos están a punto de salir, a últimos de enero o primeros de febrero y esa granja se queda vacía, es cuando se podría actuar».
Fuente original: www.diariodeburgos.es