El 22 de diciembre de 2020 la vida cambió para J.M.R., un trabajador del Ayuntamiento medinés, que entonces contaba con 56 años de edad. Fue detenido tras ser cazado pocos días antes por las cámaras de videovigilancia en la casa de su vecino de rellano, a quien, según el escrito de acusación del fiscal, le sustrajo objetos y dinero en metálico por valor de más de 17.000 euros. Iba ataviado con un pasamontañas que solo dejaba a la vista sus ojos y su boca, pero aquello era la punta del iceberg, porque no se trataba de un hecho aislado. El fiscal le acusa de once delitos con fuerza en casas habitadas y negocios, todos ellos de Medina de Pomar, que se han transformado en un delito continuado. Ocurrieron entre 2016 y 2020 y por ellos le pide 6 años y 3 meses de prisión.
A su esposa la acusa de un delito de blanqueo de capitales y le pide una pena de 3 años y 3 meses o, en su caso, si no quedara acreditado el blanqueo, le atribuye un delito de receptación de objetos robados penado con 14 meses de prisión. Además de todo ello, el fiscal reclama al acusado el pago de más de 80.000 euros en concepto de indemnizaciones para compensar el coste de los objetos robados y el dinero sustraído, así como otros daños materiales y personales.
Cuando la Guardia Civil entró a registrar la vivienda de J.M.R. tras su primera detención en diciembre de 2020 descubrió que se hallaba en poder de decenas de juegos de llaves, muchas de ellas reconocidas después por las víctimas de robos en hogares y establecimientos de Medina de Pomar. Se llevaron a cabo hasta tres registros de su casa y un trastero donde se recuperaron algunos de los objetos robados en casa de su vecino y tres negocios, una librería, una ferretería y una tienda de hogar y textil. En plena investigación, en febrero de 2021, la Guardia Civil descubrió que el matrimonio había tratado de deshacerse de objetos robados, que fueron recuperados de contenedores de la basura en las localidades de Quintanilla de Pienza y Bárcena de Pienza e incluso de la propia ciudad de Medina.
Las conclusiones provisionales del fiscal relatan hasta cuatro entradas del acusado en la casa de su vecino entre el 16 de septiembre y el 18 de diciembre de 2020. Le desaparecieron jarrones y huchas con importantes cantidades de dinero en metálico, un teléfono móvil, joyas, décimos de lotería, alimentos de calidad e incluso edredones, entre otros efectos. La familia vivió momentos de gran tensión, porque nada indicaba que alguien ajeno estaba entrando en la vivienda y las cosas desaparecían sin explicación. La decisión de poner videovigilancia aclaró por fin qué estaba sucediendo. En 2021, el Juzgado acordó prohibir al detenido aproximarse a una distancia inferior a 150 metros del domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro que frecuente el matrimonio víctima de los robos. La Fiscalía plantea que esta medida se mantenga cinco años.
Desde 2016. El hecho más antiguo que le imputa el fiscal ocurrió en 2017 en una residencia de la que también poseía las llaves y de donde se le acusa de sustraer 4.800 euros. Con el mismo método, se llevó 15.000 euros en metálico de otra casa en 2017. En algunos casos utilizó la fuerza y fracturó cristales para acceder a viviendas y hacerse con dinero y objetos. De una conocida ferretería de la ciudad también se le encontraron las llaves. En ella se le imputa el robo en 2017 y 2018 de herramientas y dinero, con un valor total de 18.622 euros, aunque se recuperó la mayor parte en los registros. De un negocio de hogar y textil y de su almacén sustrajo, según la Fiscalía, objetos por valor de más de 30.000 euros.
Fuente original: www.diariodeburgos.es