El Juzgado salense condenó al vecino a pagar las costas procesales del juicio y 360 euros. Este palanciano se negó a mostrar su identificación ante los agentes medioambientales.
La Audiencia Provincial de Burgos no ha vacilado a la hora de tomar una decisión en el conflicto judicial generado entre un vecino de Palacios de la Sierra y dos guardas medioambientales del centro de Quintanar de la Sierra. La sentencia cita textualmente: “…revocar la referida sentencia y absolver a Juan Carlos Vicente Pablo de la falta contra el orden público cuya comisión se le imputaba, con declaración de oficio de las costas procesales devengadas tanto en la primera instancia como en la presente apelación”.
Los hechos tuvieron lugar el pasado mes de mayo. Cuenta el palanciano denunciado que mantuvo una pequeña y breve discusión con uno de los guardas medioambientales sobre el tema de los lobos, pero “yo estaba en un recinto privado y no estaba realizando ninguna actividad forestal”. Pasadas unas horas, siempre según la versión del vecino, se encontró con otro agente que conocía, en la carretera que va de Palacios de la Sierra a San Leonardo. “Estando ahí apareció de nuevo el agente junto a otro compañero suyo y me dijo que me identificara, que le enseñara mi documentación. Yo no estaba haciendo nada relacionado con sus funciones y por eso me negué”.
Los guardas medioambientales reclamaron la presencia de la Guardia Civil ante la negativa de Juan Carlos Vicente de identificarse. Los agentes de la Benemérita le pidieron la documentación, “que les dí sin problemas, pues a ellos si tenía obligación de enseñarla”, y le registraron el vehículo, donde “no encontraron ni armas, ni caña de pescar… ninguna herramienta relacionada con actividades forestales”, recuerda.
Ha sido precisamente el informe de la Guardia Civil, del que se desprende que este vecino no había cometido ningún delito ni infracción, el que ha convencido a la Audiencia Provincial de Burgos para dictar sentencia favorable a este palanciano.
“Se refiere al artículo tres de la Junta de Castilla y León (Decreto 136/2002) que otorga poder judicial a los agentes medioambientales si están cumpliendo sus funciones, como en prácticas cinegéticas, pesca o medio ambiente. En este caso no ocurría nada de eso, así que los agentes no tenían ningún poder judicial sobre mi”. Tras estos hechos, acontecidos en el mes de mayo, los agentes, representados por un fiscal de oficio del Ministerio Fiscal, denunciaron los hechos en el Juzgado de Instrucción de Salas de los Infantes, donde el 20 de mayo dictó sentencia. A Juan Carlos Vicente lo absolvió de la falta de insultos y amenazas pero le obligó a pagar 360 euros en concepto de sanción más las costas del juicio. El abogado defensor recurrió dicha sentencia a la Audiencia burgalesa que, finalmente, ha dado la razón a este palanciano.
Al final, será el Estado el que se haga cargo de los gastos de ambos procesos judiciales. Este periódico no ha podido saber si desde el Ministerio Fiscal se baraja la idea de recurrir la sentencia en estamentos superiores, si bien la Audiencia dictamina: “esta sentencia es firme por no caber contra ella recurso ordinario alguno”.
fuente LVP
