La ausencia de economista en la plantilla municipal se postula como la principal causa por la que varias tasas y precios públicos lleven «20, 25 o incluso 30 años» sin revisarse. Según el concejal de Hacienda, Guillermo López, sin este perfil técnico resulta imposible elaborar los estudios económico-financieros que exige la ley para modificar este tipo de ordenanzas fiscales.
«Las tasas, por ley, deberían tender a cubrir el coste real del servicio», explica López. Sin embargo, ese montante solo puede determinarse mediante informes que calculen gastos de personal, materiales, mantenimiento de instalaciones e inversiones.
El principal obstáculo, según el edil, es que el Ayuntamiento lleva desde 2022 sin economista. Esta falta de personal especializado provoca que una parte relevante de los ingresos municipales siga regulada por ordenanzas claramente desfasadas. Según la relación de tasas y precios públicos en vigor, hay tributos que no se actualizan desde finales de los años noventa o principios de los 2000.
Entre las tasas más antiguas figura la de servicios de extinción de incendios, vigente desde 1999. También permanecen sin revisión desde el año 2000 la tasa por quioscos en la calle y la de aprovechamiento del dominio local. A ellas se suman la de ocupación de terrenos de uso público y la de entrada de vehículos a través de las aceras, ambas sin modificar desde 2005.
Se prioriza cubrir este puesto con la nueva RPT debido a su carácter transversal
El desfase resulta aún mayor en algunos precios públicos. La venta ambulante se rige por una ordenanza de 1992, con más de tres décadas de antigüedad. Tampoco se han actualizado desde hace más de veinte años las contribuciones especiales ni la tasa por vertidos al sistema integral de saneamiento, ambas de 2002, mientras que los precios de instalaciones deportivas datan de 2004 y los que regulan el recinto ferial datan del año 2005.
Para López, este listado evidencia hasta qué punto el Consistorio trabaja con un marco desactualizado. «Las tasas aplican a todo el Ayuntamiento: Urbanismo, Bomberos, Deportes, Medio Ambiente… es un perfil transversal, nos vale para todo», señala.
El concejal pone como ejemplo la tasa del cementerio, que no se revisa desde alrededor de 2010. «Ahora mismo estamos cobrando unos 1.000 euros por tumbas que nos están costando alrededor de 3.000», afirma. «Eso quiere decir claramente que no está adecuada al coste real que tenemos».
La nueva RPT contempla el puesto economista como funcionario y no como laboral, como lo hacía la anterior, algo que mejorará las funciones de esta plaza. López asegura que supone una urgencia cubrir algunas vacantes como esta con la mayor brevedad, ya que resulta una figura vital para varias áreas, por su carácter transversal.
Fuente original: www.diariodeburgos.es