El Instituto Nacional de la Seguridad Social no tenía constancia alguna de la muerte de una de las religiosas de Belorado beneficiarias de subsidio hasta que el Arzobispado de Burgos se lo comunicó a mediados de enero. Las monjas ahora excomulgadas no informaron del fallecimiento de la hermana sor María Lourdes en abril de 2022 y siguieron cobrando su pensión -no llega a 400 euros al mes- en una de las cuentas de la comunidad clarisa que estuvo bajo su control hasta que el Vaticano nombró administrador a Mario Iceta.
«Efectivamente, se ha detectado un caso de percepción indebida de pensión tras un fallecimiento no comunicado», confirman fuentes de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social a este periódico, que destapó el caso hace unas semanas. Una vez que la comisión gestora del monasterio ha remitido la documentación, en la que se incluye la partida de defunción de la hermana, «se ha dado la instrucción a la Dirección Provincial de Burgos de que proceda a cursar la baja por fallecimiento de la citada pensionista, promoviéndose automáticamente el procedimiento de retrocesión de pensiones con devolución por la entidad financiera de los importes abonados desde abril de 2022», operación que las entidades bancarias están obligadas a realizar en el periodo que comprende a los 4 años anteriores al conocimiento del hecho.
De las aclaraciones del INSS se deduce que no se puede explicar este caso por el error de un funcionario, puesto que carecían de la información. La Seguridad Social cruza a diario los datos de los fallecimientos de los Registros Civiles remitidos por el Ministerio de Justicia y la base de datos de pensiones para dar de baja automáticamente, sin intervención humana, los subsidios en los que coinciden nombre, apellidos y documento de identificación.
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